Acusada de ejercer como médica en Roca: había aprobado menos de la mitad de la carrera y decía ser ingeniera
Mientras la Justicia Federal evalúa dividir una causa que sacude al sistema de salud, se conocieron detalles de la investigación contra la mujer. El fiscal solicitó hoy la competencia parcial. El juez Hugo Greca resolverá el próximo miércoles si divide el expediente o asume la investigación total.
La investigación contra Mariela Fernanda Marzano, la mujer apuntada por ejercer ilegalmente la medicina durante casi seis años en Roca, entró este miércoles en una zona de definiciones técnicas tras una audiencia en los tribunales federales. El eje central de la jornada fue determinar si el fuero federal absorberá la totalidad del complejo legajo o si la causa se fragmentará, obligando a la imputada a enfrentar dos procesos simultáneos en jurisdicciones distintas.
Ante el juez federal Hugo Greca, el fiscal federal Matías Zanona planteó una postura que sorprendió a las partes: solicitó aceptar la competencia únicamente por la falsificación y el uso de instrumentos públicos nacionales, pero rechazó investigar el ejercicio ilegal de la medicina y las millonarias defraudaciones. Esta postura generó una fuerte réplica de la defensa, que advirtió sobre la vulneración de garantías constitucionales al no existir todavía una formulación de cargos formal.
El planteo de la fiscalía: una competencia dividida
Para el Ministerio Público Fiscal federal, liderado por Matías Zanona y Facundo Lencinas, los hechos que involucran a Marzano son «absolutamente escindibles». Zanona argumentó que el fuero federal solo debe intervenir donde se afecten intereses directos del Estado Nacional, lo que en este caso se limita a dos documentos específicos: una resolución de revalidación de título del Ministerio de Educación de la Nación y un acta de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).
«Vamos a rechazar la usurpación de títulos y honores, el ejercicio ilegal de la medicina y las eventuales defraudaciones que están vía querella y las defraudaciones al Ministerio de Salud de la provincia», sentenció Zanona durante su exposición.
El fiscal sostuvo que las maniobras de Marzano para obtener la matrícula provincial en mayo de 2021 configuraron un uso de documento falso para engañar a funcionarios rionegrinos, pero que los actos médicos posteriores no afectaron el «buen servicio» de funcionarios nacionales.
Según la fiscalía, el resto de los delitos deben permanecer en la justicia provincial rionegrina porque involucran contratos con el hospital Francisco López Lima y con dos entidades privadas de Roca. De hecho, se reveló que una de las clínicas presentó un informe estimando un millonario perjuicio económico, en sueldos abonados a la mujer.
La defensa denuncia el «grave riesgo de la fragmentación» de la causa
Por su parte, los abogados defensores particulares Oscar Pineda y Pablo Iribarren manifestaron una pretensión diametralmente opuesta. Para ellos, es técnicamente imposible separar la falsificación de los documentos del ejercicio de la medicina, ya que los primeros fueron el medio indispensable para lograr el fin de obtener la matrícula y trabajar como profesional.
«Es imposible escindir y tener decisiones que resulten razonables. Yo no puedo empezar por lo último que es el ejercicio ilegal de la medicina si no tengo un título cuestionado», sostuvo Iribarren, quien calificó la idea de desmembrar el expediente como «inadmisible». La defensa argumentó que se trata de un «concurso ideal» de delitos y que obligar a Marzano a defenderse en dos fueros por la misma plataforma fáctica constituye una «doble imputación».
Un punto de especial tensión fue la falta de avances procesales claros. Pineda denunció que, tras meses de investigación, Marzano sigue sin tener una formulación de cargos concreta que detalle tiempo, modo y lugar de los hechos. «Es un disparate. Estamos sentados acá y lo único que tenemos es lo que ha mencionado el señor fiscal. Todavía no le formalizaron nada«, reclamó el letrado ante el juez Greca.
Seis años de una supuesta farsa profesional
La investigación reconstruida por la fiscalía federal indica que Marzano aprovechó la «vulnerabilidad institucional» generada por la pandemia en 2020 para insertarse en el sistema sanitario. Se confirmó que la mujer presentó un título de la Universidad de los Andes (ULA) de Venezuela, institución que ya informó oficialmente que ella nunca cursó allí. Además, informes de Migraciones revelaron que la mujer ni siquiera estuvo en territorio venezolano durante los años que supuestamente duró su carrera.
A pesar de ser solo una estudiante con el 50% de las materias de medicina aprobadas en la UNCo, Marzano llegó a coordinar áreas de terapia intensiva y a firmar certificados de defunción utilizando una matrícula que el Ministerio de Salud de Río Negro le otorgó basada en los documentos ahora cuestionados.
Según la investigación, la mujer llegó a incluir la profesión de ingeniera química en su currículum al ser contratada, aunque las consultas a la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) arrojaron un resultado totalmente diferente: la mujer «no aprobó ninguna materia en esa carrera». El fiscal fue contundente al señalar ante el juez Greca que, respecto a esa formación técnica, «todo lo que ella dijo, es todo falso».
En cuanto a su verdadera instrucción en el área de salud, la fiscalía explicó que Marzano poseía conocimientos básicos debido a que efectivamente fue alumna de la carrera de medicina, aunque su trayectoria quedó trunca. Zanona precisó que la mujer «cursó el 50% o el 49% de las materias aprobadas», contando con finales de primero, segundo y tercer año, pero enfatizó que «nunca culminó los estudios». Para los investigadores, esta formación incompleta, sumada a la «vulnerabilidad institucional» durante la emergencia sanitaria de 2020, fue la plataforma que utilizó para fabricar una imagen de médica cirujana y engañar al sistema de fiscalización provincial.
Suspenso hasta la próxima semana
Tras escuchar a las partes, el juez Hugo Greca decidió no resolver el conflicto de competencia de manera inmediata. El magistrado informó que habilitará la feria judicial de invierno para estudiar los fallos de la Corte Suprema y los dictámenes de la Procuración General citados durante la audiencia.
«Voy a dictar la resolución y se la va a notificar la oficina judicial directamente. Lo haré el próximo miércoles o jueves», concluyó Greca. De esta manera, el futuro de la causa sigue en suspenso, a la espera de saber si se dará inicio a una sola investigación federal o si el expediente regresará parcialmente a la Justicia de Río Negro.
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