Basurero petrolero en Neuquén: buscan anular la probation para los responsables de la montaña de contaminantes en el distrito 6
Este viernes a las 12,30 terminará la audiencia que se inició hoy en Neuquén. Uno de los vocales del Tribunal de Impugnación, que participaba por videoconferencia, se quedó sin luz por un corte programado por el EPEN en San Martín de los Andes y Villa La Angostura.
Tras tres horas de audiencia y luego de sortear otra hora y media más de recusación al tribunal de Impugnación, la jueza Florencia Martini y los jueces Richard Trinchieri y Eulogio Nazareno deberán definir mañana si confirman o rechazan la probation que el juez Lucas Yancarelli definió para los dueños del basurero petrolero en Neuquén capital. Las querellas y la fiscalía atacaron fuertemente la decisión de Yancarelli y pidieron que fuera anulada para que el caso llegue a juicio oral y público.
Yancarelli le dio tres años a Comarsa para sanear el suelo en la zona ocupada con basura del petróleo acumulada en el distrito 6 y hasta el 19 de marzo para retirar la mole de contaminantes.
Los residuos peligrosos se acopiaron sin impermeabilizar el suelo de la meseta donde la municipalidad tenía diagramada una urbanización (un total de 14 piletas) y el avance obstruyó el trazado de la calle Soldi, por donde se trazaron los nexos de servicios para los 403 lotes que el municipio de Neuquén proyectó entregar este año.
Tanto la fiscalía como las querellas aseguraron que la decisión de Yancarelli evidenció su desconocimiento de la causa ambiental cuando accedió al pedido de la defensa de que los tres acusados no fueran a juicio a cambio de buenas pautas de conducta y equipamiento médico para los hospitales de la provincia.
«Les ordenó hacer lo que tenían que hacer por contrato y que no cumplieron, por eso se inició la causa penal», objetó Emmanuel Roa Moreno, uno de los querellantes, por la Asociación de Abogados Ambientalistas.
«Se penalizará más a una señora en Valentina que pagará de dos a seis millones de pesos por tirar pasto en un lugar donde el municipio ya había limpiado, que a los imputados», comparó el fiscal en jefe Maximiliano Breide Obeid.
«Entregaron certificaciones truchas en las que dijeron que habían tratado los residuos, cobraron 41 millones de dólares solo a YPF y dejaron un pasivo ambiental de 300.000 metros cúbicos» de tierra contaminada que se están llevando a Añelo, describió.
El fiscal habló de una causa de corrupción como contexto de la mayor causa ambiental de la provincia , que incluía la anuencia de los gobiernos provincial y municipal en la estrategia empresarial. Los defensores contrarrestaron que no había imputado a funcionarios.
El defensor Mario Rodríguez Gómez, apoderado del dueño de Comarsa, dijo que la empresa estaba trabajando en conjunto con el Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat y con la provincia. «Se está trabajando con el IMUH y con Codam, porque les interesa recuperar las tierras», dijo el abogado Marcelo Muñoz. En una audiencia anterior, también dijo que YPF estaba «colaborando con los camiones» para el traslado. Ni la provincia ni la intendencia capitalina son parte en la causa.
Tanto la fiscalía como la APDH y los Abogados Ambientalistas -querellantes- destacaron que el juez confundió imputados en la sala con abogados, equiparó el saneamiento con el traslado de barro con hidrocarburos y otorgó un nuevo plazo para retirar los contaminantes a pesar de que se le señaló con insistencia que la remoción de los residuos peligrosos ya tenía tres procesos fallidos.
El actual, registra multas por incumplimiento desde que la gestión actual le fijó un nuevo plan.
«Hasta el imputado le dijo al juez que no podía asegurar el saneamiento porque no se sabe qué es lo que hay abajo» de la montaña de barros de petróleo, intentaron convencer los querellantes a los jueces Nazareno Eulogio, Richard Trincheri y la jueza Florencia Martini para que anule la probation y se inicie el proceso de control de acusación, con un juicio.
El manuscrito con la estrategia judicial para sortear el juicio
Un diario manuscrito secuestrado en la mesita de luz del dueño -al que no se puede identificar por orden del juez Gustavo Ravizzoli- con la estrategia de «hacer como si» se cumpliera con el saneamiento para burlar el control ambiental y la investigación judicial fue traído a la audiencia tanto por el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid, como por los querellantes.
Le indicaron al tribunal de impugnación que con la probation se cumplían los puntos descriptos en ese documento: la simulación de conducta para ocultar la operación fraudulenta de continuar acopiando contaminantes que decían tratar (pero no limpiaban) y así recaudar más de 41 millones de dólares en el proceso.
Los defensores Mario Rodríguez Gómez y Marcelo Muñoz pidieron que no se admita la vía de impugnación. «Algo van a cumplir, el bien jurídico será saneado» y no lo tendrán que hacer ni la provincia ni el municipio, dijo Rodríguez Gómez.
La perspectiva ambiental del Tribunal de Impugnación
Una hora y media llevaron los argumentos de impugnación de los jueces Trincheri y Martini, porque ya habían actuado antes en la causa cuando levantaron el embargo millonario que se había pedido como caución para un eventual saneamiento después de la sentencia.
Los imputados se llevaron todos los dólares que tenían en las cuentas para cuando el Tribunal Superior de Justicia ordenó restablecer la medida cautelar.
El TSJ consideró que tanto a Trincheri como a Martini les faltó la perspectiva ambiental para analizar los datos en esta causa. Los querellantes intentaron recusar a ambos integrantes del tribunal, pero sus pares Eulogio Nazareno, Patricia Lupica Cristo y Estefanía Sauli, por unanimidad, los confirmaron.
La explicación fue que antes habían actuado en otro instituto, que era el de una cautelar y ahora analizaban la probation. «Cualquier decisión que sea tomada puede ser revisada y esto no empaña la imagen de la Justicia», dijo Saulí a la audiencia presente al argumentar su fallo tras los argumentos dados por Lupica Cristo.
La recusación la presentó el querellante Emmanuel Roa Moreno entre otros elementos, porque en una intervención anterior «no se aplicó la perspectiva ambiental» al momento de decidir, lo que fue confirmado por el TSJ. Dijo tener la «duda razonable» si se iba a aplicar en la decisión de hoy, la ley general de ambiente para tomar una definición y acuerdos internacionales, como el de Escazú, de acceso a la información y participación pública en asuntos ambientales.
El fiscal en jefe, Maximiliano Breide Obeid acompañó la argumentación del querellante y aseguró que no presentó la recusación porque en 15 años nunca le hicieron lugar a una recusación debido a que los magistrados adoptan una postura equiparable a la de agresión personal o profesional, sin un análisis técnico del planteo.
La audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta hoy a las 12,30 porque Nazareno, el tercer integrante del tribunal de Impugnación, estaba en videoconferencia desde San Martín, que tuvo un corte de luz programado a partir de las 13,30.
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