Casación reabrió la causa por la represión a jubilados en el Congreso y apartó a jueces federales
La Cámara Federal de Casación Penal ordenó continuar la investigación por el operativo policial durante una marcha frente al Congreso y cuestionó el archivo impulsado por el fiscal Eduardo Taiano.
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió reabrir la causa por la represión a jubilados ocurrida durante una manifestación frente al Congreso y ordenó investigar a todos los responsables del operativo de seguridad. En el mismo caso se dispuso apartar a los jueces federales que habían intervenido previamente en el expediente.
La decisión fue tomada por la Sala II del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci. Por mayoría, el tribunal hizo lugar al recurso presentado por la querella encabezada por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, patrocinada por la abogada María del Carmen Verdú.
El fallo por la causa de represión a jubilados: las resoluciones establecidas al cuerpo judicial
El juez Slokar sostuvo que el operativo de seguridad terminó funcionando como un obstáculo injustificado para el ejercicio de derechos constitucionales, como la libertad de expresión y la protesta. Además, advirtió sobre la existencia de un “paradigma de combate” dentro de las fuerzas de seguridad y alertó que este tipo de violencia estatal genera un “efecto desaliento” sobre la participación ciudadana y el debate democrático.
En el fallo, los magistrados consideraron arbitrario el cierre de la causa que había impulsado el fiscal Eduardo Taiano y remarcaron que existen elementos suficientes para profundizar la investigación. Entre las pruebas valoradas se encuentran registros audiovisuales difundidos por TN, donde se observa el accionar policial sobre manifestantes jubilados que no ofrecían resistencia.
La resolución también dejó sin efecto las decisiones tomadas por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, quienes habían avalado el archivo del expediente. Casación ordenó avanzar con nuevas medidas de prueba y continuar la investigación sobre las responsabilidades políticas y operativas del procedimiento represivo.
Mientras la jueza Ángela Ledesma acompañó el voto de Slokar y cuestionó la actuación del fiscal de primera instancia, el juez Guillermo Yacobucci votó en disidencia al considerar inadmisible el recurso presentado por la querella. El tribunal también citó estándares de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que obligan a los Estados a investigar hechos de violencia contra manifestantes pacíficos y evitar situaciones de impunidad.
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