Declaran en Cámara Gesell los hijos del bioquímico que secuestró a su familia y los tuvo en cautiverio en la Patagonia
La Justicia avanza con las medidas de prueba tras el dramático rescate en Esquel. El imputado, un farmacéutico de 71 años que vendía gotas milagrosas contra el Covid, enfrenta cargos por privación ilegítima de la libertad y abandono de persona tras mantener cautivos a su esposa y tres hijos.
La Fiscalía de Chubut intensificó esta semana las diligencias probatorias para esclarecer el caso que conmocionó a la comunidad cordillerana. Los investigadores concretaron las primeras entrevistas en Cámara Gesell a los menores de edad y solicitaron al Cuerpo Médico Forense un análisis exhaustivo sobre la salud psicofísica del falso médico, con el objetivo principal de determinar si el acusado actuó con consciencia plena al momento de someter a su familia a un encierro absoluto dentro del domicilio.
El dramático rescate se dio con un amplio operativo interinstitucional irrumpió en una vivienda de grandes dimensiones tras escuchar llamados de auxilio desde el interior. En el lugar, las fuerzas de seguridad encontraron a la esposa del imputado y a sus tres hijos en condiciones de extrema vulnerabilidad, mal alimentados y con signos de violencia. El operativo se activó gracias a las alertas iniciales de los vecinos, quienes advirtieron conductas atípicas, ventanas tapiadas y gritos durante la madrugada.
El responsable del cautiverio es un hombre de 71 años que cobró notoriedad pública durante la pandemia por promocionar un supuesto remedio a base de alfalfa para curar el coronavirus, como había revelado Diario RÍO NEGRO en su momento. A pesar de presentarse como médico ante los medios, los registros oficiales confirmaron que solo posee matrícula como farmacéutico y bioquímico en la Ciudad de Buenos Aires.
En la actualidad, el acusado cumple una prisión preventiva inicial de diez días, mientras la Justicia analiza dispositivos secuestrados y un laboratorio casero hallado en la escena.
El perfil del captor: de las gotas milagrosas al encierro familiar
El acusado adquirió exposición mediática en septiembre de 2020 cuando aseguró en varios programas que había desarrollado «unas gotas milagrosas que a base de alfalfa podían mejorar a pacientes afectados por el COVID-19». En aquellas entrevistas, el hombre afirmaba que la medicación derivó de una idea de su abuelo y justificaba su distribución con una frase contundente: «Mis pacientes me las piden».
A pesar de sus apariciones públicas con ambo, las consultas efectuadas en los registros oficiales no arrojaron la existencia de una matrícula médica vigente a su nombre. Las constancias institucionales únicamente corroboraron que el mismo se encuentra matriculado como farmacéutico y bioquímico en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Según publicó el portal Red43 de la ciudad de Esquel, el perfil profesional del acusado incluye la participación en ocho sociedades comerciales constituidas entre 2005 y 2020, vinculadas a la producción de artículos farmacéuticos, químicos y medicinales, en las cuales ejerció cargos de presidente del directorio y administrador titular o suplente.
El farmacéutico, quien hoy luce una prominente barba y cabello más canoso o entrecano, se radicó en la ciudad chubutense en 2022 tras abandonar la capital del país. Su abogado defensor, Miguel Sandoval, rechazó los cargos durante el proceso judicial y argumentó que la familia «vivía de noche y encerrada porque había recibido amenazas» en Buenos Aires, aunque no aclaró los motivos de las intimidaciones.
Sin embargo, las autoridades desestimaron esa versión al inspeccionar la vivienda. Los efectivos policiales encontraron allí restos de alfalfa —una planta leguminosa forrajera muy rica en nutrientes, minerales como calcio, hierro, potasio y magnesio, y vitaminas A, B, C, E y K— e identificaron un «laboratorio casero» montado en una de las habitaciones.
Alertas vecinales y un operativo urgente
El calvario de la mujer de 42 años, sus dos hijas de 19 y 13 años, y su hijo de 17 años comenzó a descubrirse el 10 de octubre. Ese día, los vecinos del sector formalizaron denuncias ante la comisaría local por el aislamiento extremo del inmueble. Los testimonios advirtieron que las ventanas permanecían permanentemente cubiertas con telas o papeles, que la actividad de los ocupantes transcurría de noche y que los menores jamás salían a la calle. Los denunciantes también reportaron gritos y manifestaciones incoherentes durante la madrugada, junto a la emanación de olores nauseabundos desde la propiedad.
Tras reiterados intentos infructuosos de la Policía Comunitaria por tomar contacto con los habitantes de la casa, el Juzgado de Familia derivó las actuaciones al Servicio de Protección de Derechos y al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI). El 20 de octubre, los profesionales acudieron al lugar, pero el padre de la familia se negó rotundamente a dejarlos ingresar o a permitirles hablar con su mujer e hijos.
«El equipo se constituye en el domicilio y es atendido por el propietario, quien no permite que accedan ni entrevisten al grupo familiar. Ese informe fue parte del fundamento para requerir el allanamiento», explicó la funcionaria Mónica Caveri sobre el diagnóstico de riesgo urgente que detonó la acción judicial.
Dos días después, con autorización del juez de turno, la procuradora Bagnato solicitó una ampliación de medidas y encabezó el procedimiento de irrupción. El operativo desplegó a la Brigada de Investigaciones, la Policía Comunitaria, el Servicio de Protección de Derechos del Municipio, peritos médicos y profesionales de Salud Mental del Hospital de Esquel.
Al ingresar a la casa tras escuchar los pedidos de auxilio de las víctimas, las autoridades constataron el cuadro de vulnerabilidad, procedieron a la detención en flagrancia del acusado e iniciaron la derivación de la madre y los jóvenes para que reciban asistencia médica, psicológica y psiquiátrica inmediata, mientras también se investiga la escolarización de los chicos.
Entrevistas en Cámara Gesell y peritajes psiquiátricos
Según los reportes oficiales emitidos por el Ministerio Público Fiscal, la causa avanza con la recolección de pruebas fundamentales. Este martes, los profesionales concretaron las entrevistas a los hijos de la familia a través del dispositivo especializado de Cámara Gesell. A partir de estos testimonios, el Cuerpo Médico Forense elaborará los informes técnicos correspondientes para evaluar el daño ocasionado a las víctimas.
En paralelo, los investigadores solicitaron formalmente el análisis integral de los antecedentes médicos de todos los involucrados, junto con una detallada pericia sobre la salud mental del imputado. La procuradora de Fiscalía Cecilia Bagnato y la funcionaria Mónica Caveri dieron intervención además a los Equipos Técnicos Multidisciplinarios de la Procuración General para ejecutar el peritaje y análisis de los dispositivos tecnológicos secuestrados durante los allanamientos.
Asimismo, cursaron requerimientos de información formal a entidades bancarias, diversos organismos estatales e instituciones de salud.
Con base en el avance de estas diligencias y los resultados próximos, la Fiscalía evaluará los planteos que formulará en la próxima audiencia de control de la prisión preventiva.
Prisión preventiva y el pedido de cautela de la Fiscalía
En la audiencia de formalización, el detenido quedó imputado de forma provisoria por el delito de abandono de persona agravado por el vínculo, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad. Como medida de protección y para evitar interferencias procesales, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva. A pedido de la defensa particular, se realizó una audiencia de revisión con un tribunal conformado por dos jueces de Comodoro Rivadavia, quienes confirmaron la medida cautelar, aunque fijaron un plazo inicial de diez días, un tiempo menor al requerido originalmente por el Ministerio Público, que dispone de un máximo legal de seis meses para concluir la recolección de pruebas y presentar la acusación formal.
Durante la audiencia, el imputado tomó la palabra y expuso ante los magistrados detalles sobre su formación profesional, trayectoria y desempeño laboral actual, datos que la Fiscalía deberá corroborar mediante la investigación. Al respecto, Cecilia Bagnato enfatizó la necesidad de realizar un examen psiquiátrico para confirmar la capacidad de comprensión criminal del detenido.
«Él menciona como un poco naturalizada la situación, pero eso va a depender de que nosotros podamos hacer un examen psiquiátrico y ver en cuánto hay intencionalidad o no, porque corresponde a la fiscalía probar si hay dolo de comisión de un hecho delictivo», remarcó la procuradora.
En conferencia de prensa, la titular de la Fiscalía solicitó un abordaje responsable sobre el caso. «Hay una situación de extrema vulnerabilidad no solo de los integrantes de la familia sino de esta persona… pido cautela, mucha cautela», expresó Bagnato.
Finalmente, las funcionarias judiciales destacaron el valor del compromiso de la comunidad y celebraron la decisión de los testigos de no mirar hacia otro lado. «Me parece perfecto que los vecinos se involucren en una situación así… si escuchás a una mujer que grita de noche, no sabemos si necesita auxilio o si tiene una enfermedad psicológica, pero que den aviso a la comisaría o llamen al 101 está perfecto; el compromiso de la comunidad en estos casos siempre es importante», concluyó.
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