El Poder Judicial de Río Negro busca agilizar las causas con un monitoreo minuto a minuto de sus juzgados
A partir de las auditorías, el Poder Judicial realiza un seguimiento de la gestión de los juzgados para detectar demoras y revisar el cumplimiento de los plazos. Además, avanza en la incorporación de inteligencia artificial para agilizar la tramitación de las causas y mejorar el servicio de justicia.
La Justicia de Río Negro busca mejorar sus tiempos de respuesta a través de dos líneas de trabajo: las auditorías que permiten revisar el funcionamiento de los organismos y la incorporación de tecnología para agilizar la tramitación de las causas.
En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el auditor judicial general del Poder Judicial de Río Negro, Juan Manuel Montoto Guerrero, detalló que el seguimiento abarca organismos de las cuatro circunscripciones, desde unidades jurisdiccionales hasta cámaras de apelaciones. Las visitas forman parte de un cronograma de trabajo y se concentran especialmente en aquellos organismos cuyos indicadores requieren una revisión, sin excluir pedidos específicos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) o de la Procuración General.
El relevamiento no se limita a los juzgados. En el fuero civil también contempla a las Oficinas de Tramitación Integral Civil, Comercial y Administrativa (OTICCA), porque su funcionamiento incide directamente en los plazos de los procesos. Según Montoto Guerrero, para evaluar la eficiencia de un organismo es necesario observar tanto la actividad jurisdiccional como las tareas administrativas que sostienen la tramitación de las causas.
Cómo funcionan las auditorías que monitorean en tiempo real los juzgados de Río Negro
La Auditoría Judicial General analiza distintos aspectos del funcionamiento de los organismos para identificar demoras y evaluar cuándo es necesario realizar una inspección. El relevamiento contempla las particularidades de cada fuero y circunscripción, ya que existen diferencias normativas y de gestión entre ellos.
Entre los indicadores se encuentran: las sentencias pendientes de dictado, el cumplimiento de los plazos para resolver y la duración de los procesos. También se consideran los pedidos de pronto despacho, las solicitudes reiteradas para que los expedientes pasen a resolución y los escritos pendientes de proveer, junto con el tiempo que llevan en esa situación. Mientras que, en los casos más extremos, se contempla la «pérdida de jurisdicción solicitada».
“Desde la Auditoría, el objetivo es contribuir en una más eficiente prestación del servicio de justicia”.
Juan Manuel Montoto Guerrero, auditor general de Río Negro.
Al explicar cómo se determina la necesidad de una inspección, el auditor judicial general, Juan Manuel Montoto Guerrero, señaló que “hay ciertos parámetros que funcionan como indicadores de gestión para la toma de decisión de la necesidad de una auditoría o visita”. Entre ellos, mencionó “la prolongación de los procesos en la instancia” y “la cantidad de escritos pendientes de ser proveídos y el tiempo en que se encuentren en tal situación”.
El seguimiento también se apoya en herramientas digitales. Según explicó el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Ricardo Apcarian, los equipos de auditoría tienen acceso en línea a los expedientes y a tableros de datos que permiten observar en tiempo real el funcionamiento de los organismos. Esto facilita detectar dificultades durante la tramitación y evaluar si es necesario modificar algún aspecto de la gestión.
A partir de la información relevada, los auditores pueden dialogar con coordinadores y jueces, formular recomendaciones y proponer ajustes. Apcarian remarcó que el propósito es acompañar a los organismos en la mejora de su funcionamiento: “La auditoría tiene un rol que está muy presente pero siempre tiene con la encomienda de ayudar a la gestión”.
Montoto Guerrero, por su parte, explicó que las inspecciones se organizan mediante un cronograma que abarca las cuatro circunscripciones judiciales, aunque también pueden responder a requerimientos puntuales del STJ o de la Procuración General. Las visitas pueden realizarse de manera presencial o remota y buscan advertir dificultades de forma preventiva, con la posibilidad de proponer cambios antes de que los problemas se profundicen.
El auditor aclaró que determinadas situaciones también pueden canalizarse por la vía disciplinaria. Sin embargo, la Auditoría no establece una meta porcentual de mejora común para todos los organismos. El objetivo general, sostuvo, es contribuir a una prestación más eficiente del servicio de justicia, con “mayor celeridad y una reducción de plazos que razonablemente contribuyan con la mejora en la prestación del servicio de justicia”.
El STJ prepara herramientas de inteligencia artificial para agilizar causas y asistir a jueces en tareas rutinarias
La incorporación de inteligencia artificial es una de las líneas de trabajo que impulsa el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro para agilizar la tramitación de expedientes. La tecnología ya se utiliza en las ejecuciones fiscales del fuero Contencioso Administrativo: durante 2025, se dictaron 3.063 sentencias con asistencia de IA, equivalentes al 67,78% de las resoluciones de finalización emitidas en ese fuero.
Ahora, el STJ proyecta extender estas herramientas a procesos ejecutivos civiles vinculados con cheques, pagarés y contratos de consumo. Según explicó su presidente, Ricardo Apcarian, el modelo podrá verificar si los documentos reúnen los requisitos necesarios, contrastarlos con la demanda y elaborar una propuesta de sentencia cuando la información sea correcta. La resolución definitiva seguirá bajo responsabilidad del juez.
“Hay muchas operaciones que son mecánicas, que es sacar cuentas, controlar si es una cosa o la otra, y claramente las hace mejor un modelo de inteligencia artificial que una persona en un trabajo rutinario”, sostuvo Apcarian. La intención es reducir tareas repetitivas y minimizar errores, para que los equipos judiciales puedan concentrarse en las cuestiones que requieren análisis jurídico.
El proyecto forma parte de una estrategia tecnológica más amplia. Apcarian también anticipó la migración de la infraestructura informática del Poder Judicial a servicios en la nube y la intención de incorporar, durante 2027, un asistente integrado a los sistemas Puma y Janus.
Entre las funciones previstas mencionó la elaboración de resúmenes de expedientes, la revisión de pasos procesales y la preparación de providencias, siempre como apoyo al trabajo de los operadores judiciales.
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