El trasfondo del escándalo en un juicio de Cipolletti entre juezas y una funcionaria judicial

Por el reclamo se inició un sumario a la responsable de la Oficina Judicial. La interna devela una vieja disputa de poder por el manejo de la agenda penal en Cipolletti.





El tono de la nota que tres juezas de Cipolletti elevaron al STJ y que desencadenó en un sumario contra una funcionaria del Poder Judicial deja mucho margen para el análisis. RIO NEGRO tuvo acceso a la audiencia en la cual la directora de la oficina judicial Marcela Martín interrumpió el debate sin permiso y generó la recriminación del tribunal integrado por Rita Lucia, Alejandra Berenguer y Sonia Martín.


El documento alega que hubo tal desconcierto que la presidenta del tribunal -Berenguer- quedó «azorada» por el comportamiento de la funcionaria. Es cierto que Martín tomó la palabra en el juicio sin la autorización de la jueza, pero lejos está la escena del griterío que avisara el documento.


La interrupción del juicio que tiene como acusado a un padre por la muerte culposa de su bebé en Cinco Saltos no tiene discusión; y por eso el presidente del STJ Sergio Barotto ya confirmó el sumario que está en proceso de investigación.


Lo que se desprende del escándalo es que el trasfondo se encuentra en una lucha de poder. La nota no solo recrimina la actuación de Martín, sino que suma varios reclamos, entre ellos los problemas crónicos de los dispositivos electrónicos en una de las salas de juicio, pero principalmente la confirmación de la agenda del fuero penal de la Cuarta Circunscripción.

Las juezas recriminaron que la conformación de los tribunales para las audiencias, que las define la oficina Judicial de la cual Marín es la principal responsable, no respetan la normativa. Por eso también responsabilizan al juez del STJ Sergio Ceci, quien, según la nota, estaba al tanto del reclamo.

«En esta circunscripción la excepción legal la directora de la oficina judicial la convirtió en la regla, pues se desconoce la existencia del acto administrativo de designación excepcional de las Juezas de garantías conforme lo prevé la ley orgánica en su art. 180 in fine . Los Tribunales de juicio están integrados en el 90% de los casos con las magistradas de garantía y en muchas ocasiones con dos Juezas de garantías», sostiene el texto firmado por las tres magistradas.


La reforma del Código Procesal Penal que se puso en vigencia en 2017, le otorga a la Oficina Judicial la capacidad de ordenar la agenda judicial y designar los jueces para los debates. Esto le quitó poder a los magistrados que antes lo manejaban con una secretaria de Cámara que hacía cumplir los plazos legales y jurídicos: había consenso.

Ahora, los jueces y juezas deben acomodarse a las órdenes que en Cipolletti impone la licenciada Martín. «Cuando consultamos a Neuquén -dispuso el mismo sistema años antes- nos dijeron que esto iba a pasar», detalló una fuente consultada.

La disputa viene hace tiempo y no se resolverá en el corto plazo. Incluso, por esta disposición de ciertas audiencias, el fiscal jefe Gustavo Herrera pidió sacar una jueza de Garantías quien integra un tribunal de juicio en un debate que se desarrollará próximamente.


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