Hallaron muerto a un ex funcionario de la Procuración General que tenía que declarar en una causa por corrupción
Se trata de Guillermo Bellingi, quien tenía que presentar testimonio durante el juicio oral en su contra por presuntas irregularidades y pago de coimas en la millonaria adquisición de un edificio institucional.
Guillermo Bellingi, quien se desempeñó como subdirector general de la Procuración General de la Nación durante la gestión de Alejandra Gils Carbó, fue encontrado muerto en la vía pública de Villa Elisa con una herida de arma blanca en el tórax. El hallazgo ocurrió a solo tres semanas de que comenzara el juicio oral en su contra por presuntas irregularidades y pago de coimas en la millonaria adquisición de un edificio institucional.
El deceso del exfuncionario se produjo en circunstancias que la policía bonaerense investiga como un posible suicidio, luego de que un transeúnte advirtiera la presencia del cuerpo en la calle 8, entre 406 y 407.
A escasos metros del cadáver, los efectivos secuestraron un cuchillo de tipo criollo con su vaina, junto con las pertenencias personales de la víctima —billetera, reloj, teléfono celular y una mochila—. Los peritajes preliminares señalaron que la herida cortopunzante se ubicaba en la zona baja del tórax, con inclinación izquierda y sin signos evidentes de defensa o lesiones previas.
La causa por la compra del edificio y el juicio que se avecinaba
La muerte de Bellingi impactó de lleno en el desarrollo de un proceso judicial de alto voltaje político que data de la gestión de Gils Carbó, quien renunció a su cargo en 2017 tras ser procesada y ejerce actualmente como abogada particular. Mientras el expediente principal continuó su curso procesal bajo la subrogancia interina de Eduardo Casal al frente del Ministerio Público Fiscal, el trágico desenlace añadió un giro inesperado al tramo final del debate oral previsto para el mes en curso.
La investigación judicial que tuvo a Bellingi como uno de los principales imputados giró en torno a la adquisición del inmueble ubicado en la calle Perón 667, concretada en el año 2013 por un monto de 43.850.000 pesos para que funcionaran dependencias del Ministerio Público Fiscal.
Según la elevación a juicio dispuesta por el juez federal Julián Ercolini, el proceso de licitación estuvo direccionado para beneficiar a determinados intermediarios y otorgar una apariencia de legalidad a una estructura acordada de antemano.
En el banquillo de los acusados debió sentarse en 20 días junto a la exprocuradora general Alejandra Gils Carbó ante el Tribunal Oral Federal N°8 —integrado por los magistrados Gabriela López Iñiguez, Nicolás Toselli y Sabrina Namer—, con la intervención del fiscal general Marcelo Colombo.
El núcleo de la acusación fiscal apuntó a la participación directa de Juan Carlos Thill, medio hermano de Bellingi, quien percibió una comisión de 3 millones de pesos de aquel entonces tras asesorar a la inmobiliaria vinculada a la firma vendedora Arfinsa.
Además de su rol como subdirector de Administración en la Procuración General de la Nación, Bellingi, de 55 años, era licenciado en Economía y se desempeñaba como docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que emitió un comunicado para despedirlo tras su labor académica en las cátedras de Macroeconomía y Economía del Turismo.
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