Juicio Techo Digno en Bariloche: Gennuso negó haber cometido delitos en el manejo de fondos

El exintendente de Bariloche Gustavo Gennuso tomó la palabra hoy luego del último testigo en el juicio oral en el que se lo acusa de peculado, en la causa Techo Digno, y buscó transmitir que las decisiones de gobierno por las que es investigado no pueden configurar un delito “si se toma en cuenta el contexto” de aguda crisis económica que enfrentaba el municipio cuando asumió el cargo, en diciembre de 2015.

Gennuso está imputado por haber “sustraído” 105 millones de pesos que tenía el municipio en una cuenta del banco Nación para afrontar obras del programa de viviendas Techo Digno y derivarlos a otra cuenta del banco Credicoop, donde constituyó varios plazos fijos.

El exintendente confrontó con la tesis que expuso desde el primer día el fiscal Martín Lozada y los interrogatorios que llevó adelante con la mayoría de los 14 testigos. A su entender, el fiscal apuntó sobre irregularidades que no lo involucran y que deberían atribuirse al gobierno anterior, el de María Eugenia Martini.

Qué dijo el exintendente de Bariloche

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El exmandatario desarrolló durante varios minutos su argumento exculpatorio y respondió un par de preguntas de su defensor, Manuel Maza. También se declaró dispuesto a contestarle a la fiscalía, que declinó esa oportunidad.

Durante su relato Gennuso hizo referencia a los dichos de algunos testigos para subrayar que no se habían enfocado sobre su período de gestión sino sobre la etapa previa. El disenso sobre ese punto se repitió una y otra vez durante las tres jornadas del juicio y generó varios cruces entre los abogados defensores y el fiscal Lozada.

El exintendente que asumió en 2015 y gobernó durante dos períodos hasta diciembre de 2023 admitió que el programa Techo Digno acumulaba irregularidades, atrasos graves y una implementación fallida, que defraudó a casi 900 familias que “necesitaban del Estado” para resolver su problema de vivienda.

Por esos supuestos desmanejos, anteriores a diciembre del 2015, está investigada Martini, quien irá a juicio oral el año próximo. Lo mismo ocurre con exintendentes de otras localidades rionegrinas.

Discurso de alto perfil político

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En la audiencia de hoy Gennuso lució un mensaje preparado y no ocultó su contrariedad por enfrentar un juicio sobre la preservación de fondos de destino específico por medio de plazos fijos, para que no se desvaloricen.

En el tramo más político de su exposición, juzgó que la acusación en su contra remite a cuestiones administrativas, cuando la preocupación central -sugirió- debía centrarse en “esas casi 900 familias, esas 4.000 personas” que se embarcaron en la compra de terrenos, cooperativas mediante, que ingresaron a Techo Digno con la esperanza de construir sus casas y que “perdieron la confianza en el Estado” cuando las obras no se hicieron según lo planificado.

Casi como en un discurso de campaña, apeló a un caso personalizado para reforzar su alegato y nombró a “Valeria Suárez, que tiene dos hijos con trastorno del espectro autista” y que esperaba por “su casita en Bariloche, igual que otras 870 familias”.

El origen de la emergencia económica en diciembre 2015

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Según Gennuso, en diciembre de 2015 se encontró con un municipio mucho más endeudado de lo que reconocían las rendiciones del gobierno saliente. Dijo que “nada andaba, todo estaba mal” y el municipio no tenía recursos para pagar sueldos y aguinaldos, que vencían a los pocos días.

Por eso promovió en aquella primera semana la aprobación de una ordenanza de emergencia, y con el tiempo consiguió cierto “ordenamiento” de las cuentas. Aunque reconoció que era “imposible” restituir el dinero de programas nacionales a sus cuentas de origen antes del 31 de diciembre, como obliga el reglamento de Contabilidad del municipio. Y dijo que hubo dispensas del Tribunal de Contralor por esa falta.

En ese marco se inscribió la decisión, en los primeros días de enero, de derivar parte de los fondos de Techo Digno a la constitución de plazos fijos. Aseguró que el programa nacional estaba caído y junto a otros intendentes iniciaron una negociación con la provincia, que meses después los asumió a su cargo con el compromiso de terminar las viviendas, como ocurrió varios años después. Aseguró que si hubiera devuelto el dinero no ejecutado a Nación las casas “nunca se hubieran hecho”.

Gennuso admitió que tener todos los fondos nacionales en una cuenta unificada no era lo mejor y por eso en los años posteriores las desdoblaron. Y defendió los plazos fijos. “Fue lo que intentamos para proteger ese dinero, que estaba inmovilizado”, afirmó.

Sembró dudas también sobre la razón por la cual fue imputado recién el año pasado, cuando ya había dejado la intendencia, si los hechos que le imputan corresponden a 2015 y son investigados desde 2018.

Situación crítica en lo económico financiero

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Antes de que Gennuso se siente frente al tribunal -que preside el juez Gregor Joos e integran también Martín Arroyo y Bernardo Campana- brindaron su relato cuatro testigos. Dos de ellos fueron secretarios de Hacienda de la gestión, Ariel Gomis y Diego Quintana, quienes confirmaron los desequilibrios financieros que atravesó el municipio en esos años.

También pasó por el micrófono la exasesora letrada del Concejo Josefina González Elizondo, pero la declaración con más aportes fue la del contador de la Unidad de Investigación del Ministerio Público, Ignacio Chiarenza, quien desde 2018 en adelante investigó en detalle toda la operatoria de Techo Digno y los movimientos de cuentas bancarias del municipio barilochense, los saldos en cada fecha y los plazos fijos.

Señaló que Gennuso había sustraido los 105 millones de pesos de la cuenta 4730 del banco Nación a lo largo de 2016 y que al cierre de ese año solo había restituido 64 millones. Refirió que en ese lapso los plazos fijos aportaron una renta de 17 millones de pesos y que ese desvío de fondos, actualizado por inflación equivalía -en septiembre pasado- a 5.490 millones de pesos.

El perito certificó que en la cuenta del Nación que le tocó investigar se acumulaban los fondos “pendientes de inversión” del programa Techo Digno y dijo que “no eran de libre disponibilidad”. Pero luego, a pedido de la defensa, reconoció que aun derivados a otra cuenta en el banco Credicoop esos recursos “nunca dejaron de pertenecer al municipio”.