El libertario Marcelo Román abrió un frente judicial con el Tribunal de Cuentas de Allen

El intendente de Allen, Marcelo Román, abrió un frente judicial con el Tribunal de Cuentas de esas ciudad que a principios de 2024 le aplicó una multa por no brindarle información al órgano de contralor.

El jefe comunal decidió el 7 de abril presentar un recurso en el Juzgado Contencioso Administrativo 15 de Roca del juez Matías Lafuente, en la que plantea un conflicto de poderes entre el Poder Ejecutivo municipal que lidera Román y el Tribunal de Cuentas. Solicitó que se anule la Resolución Nº 015/2025 del Tribunal de Cuentas Municipal.

El órgano de contralor municipal multó a Román el 6 de febrero de este año con 1000 USAM (unos 1,2 millones de pesos): “Fuimos a una actuación en la municipalidad, porque estamos facultados a requerir información de cualquier dependencia, pero lamentablemente no fuimos atendidos. Incluso tuvimos una hora de espera”, expresó en febrero la vicepresidente del órgano María Florencia Torres Castaño en diálogo con Río Negro en febrero.

El 17 de enero, Torres Castaño y la vocal María Belén Villar solicitaron acceso al libro donde se asientan las resoluciones municipales. Sin embargo, fueron imposibilitados de acceder a esa información.

Más tarde, Román, a través de un comunicado, salió a negar las acusaciones vertidas y rechazó la multa impuesta. “El Tribunal de Cuentas miente, nunca se le negó información. Está todo grabado en las cámaras de seguridad”, comentó el intendente.

Semanas atrás, la presentación de Román fue analizada por el juez Contencioso Administrativo que pidió la postura de la fiscal jefa Teresa Giuffrida para determinar la competencia del planteo hecho por el intendente de Allen.

La fiscal Giuffrida enmarcó el hecho en un conflicto de poderes y opinó que el caso debía ser abordado por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que es el encargado de dirimir estos conflictos.

Lafuente se declaró incompetente y elevó el caso al STJ. El máximo tribunal solicitó la opinión del Procurador General Jorge Crespo, quien no estuvo de acuerdo con la postura de Giuffrida.

Consideró que el enfrentamiento entre Román y lo miembros del Tribunal de Cuentas era una causa que debía resolverse en el fuero Contencioso Administrativo e hizo saber su postura al máximo tribunal de la provincia.

Ahora están corriendo los plazos de 30 días desde la resolución de Crespo para que el STJ defina de quién es la competencia y en caso de considerar que es un conflicto de poderes, definir sobre el hecho.

Fallo en contra del intendente del STJ en febrero

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El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro le dio en febrero la razón al Concejo Deliberante de Allen y falló contra Román al afirmar que es el Concejo Deliberante el que tiene competencia en materia impositiva, luego de un conflicto de poderes por el cambio en la modalidad de cobro de las tasas municipales.

«El conflicto de poderes debe dirimirse a favor del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Allen, quien ostenta la competencia en materia impositiva«, escribió en su parte resolutiva el máximo tribunal de la provincia.

El STJ también declaró «la nulidad de las Resoluciones N° 2052/2023 y 018/2024 del Poder Ejecutivo Municipal de Allen y de la Resolución N° 001/2024 sancionada por la entonces Presidenta del Concejo Deliberante (Valeria Bezic), por haber sido dictadas en exceso de sus respectivas competencias, invadiendo facultades propias del Concejo Deliberante Municipal y soslayando el debido procedimiento».

El cambio de bimestral a mensual decido por el intendente Román a comienzos del 2024 ocasionó un fuerte aumento de las tasas municipales en Allen, lo que derivó en la ordenanza del Concejo Deliberante que se judicializó y terminó en el conflicto de poderes que dirimió el fallo del STJ.