Presunta corrupción en Andis: piden 43 nuevas indagatorias por una trama de sobreprecios

Los fiscales federales Franco Picardi y Sergio Rodríguez solicitaron 43 nuevas declaraciones indagatorias en la causa que investiga una presunta red de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante el gobierno de Javier Milei.

Apuntan a Suizo Argentina por presunta corrupción en la Andis

Según detalló La Nación, por primera vez, la investigación apunta directamente contra la droguería Suizo Argentina, acusada de controlar el organismo y participar en un esquema de cartelización y sobreprecios en la compra de medicamentos.

El pedido incluye a los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de la empresa, respectivamente, señalados como presuntos integrantes de una asociación ilícita. Según el dictamen fiscal, la droguería habría impartido órdenes sobre qué proveedores cobrar, qué funcionarios designar y a quiénes despedir, mientras los responsables de la agencia recibían supuestos retornos.

La investigación sostiene que 15 droguerías se habrían distribuido las compras estatales de medicamentos mediante compulsas reducidas, un mecanismo que permitía seleccionar a las empresas participantes en lugar de recurrir a licitaciones. Los fiscales detectaron aumentos superiores al 1000% entre cotizaciones de procedimientos generales y reducidos.

Como ejemplo, según el medio nacional, mencionaron el medicamento Macitentan de 10 miligramos, cotizado en abril de 2025 a $464.508 por Ultra Pharma y a $2.145.363,20 por Génesis. En mayo, esta última empresa presentó una cotización de $4.709.161,38. Según la fiscalía, Génesis sería una firma utilizada por Suizo Argentina.

El dictamen también señala al lobista Pablo Atchabahian y al exnúmero dos de la Andis, Daniel Garbellini, por su presunta participación en las maniobras. Además, los fiscales solicitaron ampliar la indagatoria del exdirector del organismo Diego Spagnuolo, ya procesado, por un supuesto soborno vinculado con un viaje a Israel.

La causa se inició en agosto del año pasado, tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo. Los fiscales aclararon que esas grabaciones no fueron utilizadas como prueba. Ahora, el juez Ariel Lijo deberá resolver si convoca a declarar a los nuevos acusados.