Reformulan cargos contra la mujer que mató con un destornillador a un hombre en Neuquén

La fiscalía reformuló la acusación contra la mujer imputada por el crimen de su pareja, Lucas Antonio Méndez, ocurrido el pasado 21 de junio en el barrio Villa Ceferino. A partir del nuevo encuadre legal, la sospechosa enfrenta un escenario judicial sensiblemente más grave, con una expectativa de pena que se elevó sustancialmente.

En la audiencia, la fiscal del caso Lorena Juárez y el asistente letrado Maximiliano Jávega solicitaron incorporar el agravante por el vínculo al delito de homicidio preterintencional. La jueza de garantías hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal (MPF) y dispuso, además, la prórroga de la prisión preventiva por dos meses.

El cambio en la escala penal

La modificación clave en la causa radica en la suma del artículo 82 del Código Penal, que contempla el agravante por la relación de pareja. Si bien la fiscalía mantuvo la hipótesis del homicidio preterintencional —donde la intención inicial del ataque no era causar la muerte, pero el desenlace resultó fatal—, la inclusión del vínculo modifica drásticamente la sanción prevista.

Mientras con la calificación anterior la escala penal era de 1 a 3 años de prisión, con el agravante se extiende 10 a 25 años de prisión.

A pesar de las objeciones planteadas por la defensa, la magistrada rechazó el reclamo tras considerar que no existe un «perjuicio constitucional actual y concreto» en esta fase del proceso.

La reconstrucción del hecho y la pericia forense

De acuerdo con la teoría del caso expuesta por el MPF, la noche del 21 de junio se desencadenó una primera discusión alrededor de las 20:30 en la vivienda de la víctima, ubicada en el barrio Villa Ceferino. Tras la intervención de personal policial y de familiares de Méndez, la imputada se retiró del lugar, pero regresó más tarde.

En ese segundo encuentro, se inició un enfrentamiento físico. En medio de la pelea, M.B.C. extrajo un destornillador de su mochila y le propinó un golpe en la cabeza a Méndez. Tras el ataque, la víctima cayó inconsciente y fue trasladada de urgencia al hospital Castro Rendón, donde falleció días después. Según detalló la fiscal Juárez en la audiencia, al ser confrontada por la madre del joven sobre lo sucedido, la imputada respondió: «Lo apuñalé, gila».

Los peritajes médicos determinaron un elemento clave para la figura preterintencional: el destornillador no poseía por sí mismo entidad suficiente para provocar las lesiones cerebrales mortales. La fiscalía sostiene que el golpe causó la pérdida del conocimiento de Méndez y que, al caer desvanecido, su cabeza impactó contra una superficie dura, originando los traumatismos fatales.

Riesgo de fuga y prisión preventiva

En la misma audiencia, la fiscalía fundamentó la necesidad de prorrogar la prisión preventiva señalando que el riesgo procesal de fuga y de entorpecimiento se incrementó. Se detalló que M.B.C. había dejado de presentarse ante el MPF en agosto —medida que debía cumplir tres veces por semana—, lo que derivó en su declaración de rebeldía y posterior captura el 25 de septiembre.

Asimismo, la acusación remarcó que la imputada intentó contactar a familiares de la víctima mediante llamadas, mensajes y videollamadas, vulnerando la prohibición de acercamiento vigente.

Ante la gravedad de los incumplimientos previos, el nuevo encuadre legal y la escala de penas en expectativa, la jueza fijó la extensión de la prisión preventiva en dos meses, rechazando el plazo de un mes pretendido por la defensa.