La Justicia archivó la causa por el asesinato de Atahualpa Martínez

A pocos días de cumplirse 13 años de la muerte del joven viedmense, no aparecieron nuevos elementos para avanzar sobre otro sospechoso. Su caso quedará impune a pesar de dos juicios hechos y el trabajo de la Comisión Investigadora de la Legislatura.

El asesinato de Atahualpa Martínez Vinaya, ocurrido en la madrugada del 15 de junio de 2008, quedó impune a partir de la decisión de la Justicia provincial de pasar la causa al archivo.

El resonante hecho tuvo a la familia de la víctima como principal motor para llegar a la verdad, algo que no ocurrió y pareciera que no va a saber nunca.

También movilizó a la sociedad, tuvo dos proceso judiciales, con sus imputados absueltos; el trabajo de una Comisión Investigadora de laLegislatura provincial y el juicio político a la jueza Daniela Zágari por su actuación como la primera fiscal de la causa; pero no pudo avanzar -más allá de indicios y suposiciones- para encontrar al o los verdaderos culpables.

En abril de 2019 se realizó el segundo juicio contra dos de los tres acusados que ya habían sido absueltos en el primer proceso y -tras llegar al misma conclusión- el tribunal decidió remitir al Ministerio Público Fiscal las actuaciones para que determine la posible participación de una persona que fue mencionada varias veces e identificado como “Leo”Mildenberger.

Pero la decisión final fue pasar las actuaciones al archivo porque “no había elementos nuevos que involucraran a Mildenberger” y “se puso énfasis que hay prueba que se ha perdido de producir, básicamente pericias de ADN” contó Favio Igoldi, uno de los querellantes.

El abogado señaló que “de la nuevas pruebas testimonial y periciales no surgieron nuevos elementos y con el tiempo transcurrido hay prueba perdida” y sostuvo que “el delito está prescripto, salvo que aparezca alguien y reconozca el hecho”.

Sobre las causas que llevaron a que la causa quede impune Igoldi dijo que “fue muy clara la Comisión Legislativa y también lo que se vio en el juicio político a Zágari sobre la conducta de los operadores policiales y judiciales, los defectos que tuvo la investigación” y entre ellos recordó “el primer rastro de ADN de la campera sin peritar” que no se hayan hecho “otras pericias sobre la campera, como el tamaño, u otros rastros de ADN” que no se tuvieron en cuenta.

En diciembre pasado la jueza Daniela Zágari fue suspendida por 50 días por “mal desempeño de su función” como fiscal durante la investigación inicial del crimen.

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También mencionó la falta de cuidado para preservar la zona donde apareció el cuerpo de Atahualpa aquella mañana de 2008 y dijo que “fue trascendente no haber ido al pub Mi Loka apenas conocido el hecho” porque “fue una negligencia importante porque nunca se supo por donde salió Atahualpa” y “nunca se supo si había un lugar donde pudo estar retenido”.

Otro detalle importante para la querella fue que a menos de 24 horas de iniciada la investigación la entonces procuradora Liliana Piccinini “mandó a la fiscal a un curso y hubo dos cabezas, Zágari desde Bariloche y (Ricardo) Falca desde acá” y ese cambio“afectó la investigación” aseguró.

Igoldi contó que la familia tomó “con más aplomo” esta decisión de archivar la causa “porque hace años que no espera nada de la Justicia” y fue contundente cuando señaló que “la justicia está en deuda” porque “los medios que puso el Estado no fueron adecuados y la impunidad está más relacionada con la deficienda estatal que con la agudeza de los autores del hecho”.

En 2015 la Comisión especial que se formó en la Legislatura había llegado a conclusiones similares y en la presentación del trabajo -que revisó la causa y agregó nuevos testimonios y pruebas- la titular del cuerpo,Susana Diéguez, había marcado que “las instituciones de la provincia de Río Negro no pudieron, no supieron o no quisieron esclarecerlo. No es la primera vez que un crimen queda sin resolución en la Provincia y esa impunidad es seguramente el daño más grande hacia la sociedad toda. ”


Dos procesos que no tuvieron culpables


Carlos Morales Toledo, Felipe Carrasco y Belén Fernández Barrientos fueron los primeros sospechosos del asesinato y llegaron a juicio en octubre de 2014.

Sin embargo, el tribunal formado por los jueces Juan Bernardi, Eduardo Roumec y Rolando Gaitán los absolvió porque “no hay elementos que relacionen a la víctima con los acusados”.

Más tarde ese fallo fue declarado nulo por el Superior Tribunal de Justicia y se abrió la puerta para un nuevo proceso.

El segundo juicio fue a fines de abril de 2019, Carrasco y Morales Toledo fueron absueltos -Barrientos no fue acusada por la fiscalía- por el tribunal integrado por Carlos Mussi, Marcelo Valverde e Ignacio Gandolfi.

La sentencia absolutoria contuvo serios planteos al accionar del fiscal Hernán Trejo porque la investigación no llegó a ubicar a los acusados en el mismo lugar donde se vio por última vez con vida al joven, sólo presentó “ciertos indicios” a los que calificó de “ambiguos” e “impertinentes” para la causa, entre otras consideraciones.


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