«Más grave que la corrupción es la impunidad»
En julio del 2003 hicimos conocer públicamente las maniobras organizadas y ejecutadas por Ipross y Feclir destinadas a producir sobreprecios en la compra de medicamentos oncológicos y prótesis mediante la participación de laboratorios truchos.
Denunciamos ante la Justicia Penal de Río Negro los procedimientos utilizados por Ipross para derivar innecesariamente la compra de medicamentos a Feclir y, por intermedio de ésta, sobrefacturar concretando operaciones con laboratorios como los ahora investigados por la Justicia federal con asiento en la ciudad de Buenos Aires.
Las maniobras provocaron una pérdida al fisco provincial derivada de los mayores precios pagados de doscientos cincuenta mil a trescientos mil pesos mensuales, además de poner la salud de los pacientes en manos de laboratorios absolutamente irresponsables.
Tres veces ampliamos nuestra denuncia en tribunales y otras tres intentamos presentarnos como querellantes, considerando que los delitos de corrupción agravian a toda la sociedad.
Aportamos pruebas concluyentes demostrando los sobreprecios pagados por la provincia y la manera vil en que se entregaban los fondos a estos laboratorios, los que firmaban recibos por cuatrocientos mil pesos cuando en realidad cobraban ciento cincuenta mil.
La pericia contable oficial demostró definitivamente que las empresas elegidas eran «truchas», inexistentes, sellos de goma armados para perpetrar la maniobra. Por ejemplo, Droguerías Eleón había iniciado sus actividades siete meses antes de la firma de los convenios para la provisión de los medicamentos y Corporación Atlantis nunca figuró inscripta en el registro de proveedores de prótesis y había sido denunciada por fraude en los tribunales de Córdoba.
La causa tiene seis años y aún no hay nadie procesado. Su única consecuencia directa fue que los dirigentes médicos denunciados nos iniciaron un proceso por calumnias e injurias que, una vez que se optó por la prueba de la verdad, terminó con un fallo absolutorio a nuestro favor dictado por el juez Gatti, quien fundamentó su resolución en la verosimilitud de los hechos denunciados.
Lo más indignante de la situación es que los funcionarios responsables de los organismos oficiales en el momento de la ejecución de la maniobra son hoy legisladores provinciales y nunca han sido llamados a declarar.
Agustín Argibay Molina
LE 7.591.523
Cipolletti
