Mozzoni y Contreras dicen sentirse perseguidos
Por el delito de administración fraudulenta el fiscal pidió 4 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ambos.
Judiciales
El fiscal Fabricio Brogna pidió 4 años de prisión efectiva para el exministro de Turismo, Omar Contreras e igual pena para el exsecretario de Medios Claudio Mozzoni mientras que requirió 3 años y medio para la exdelegada con rango de directora de esa Secretaría en Bariloche, Susana Parra. Para los tres, además, solicitó la inhabilitación a perpetuidad para ejercer cargos públicos.
Los defensores Juan Carlos Chirinos -para Contreras y Mozzoni- y Aldo Bustamante -para Parra- solicitaron la absolución, o en su defecto las penas mínimas estipuladas de cumplimiento condicional.
Con los alegatos de la Fiscalía y las defensas, la Sala A de la Cámara en lo Criminal que preside Guillermo Bustamante e integran Marcelo Chironi y Ariel Gallinger, concluyó el debate en el que también se escuchó el testimonio final de los tres imputados. La sentencia se conocerá el 10 de diciembre a las 12.30.
Al formular su alegato el representante del Ministerio Público Fiscal determinó para Contreras y Mozzoni, una calificación legal a título de “autor del delito de administración fraudulenta agravada pro haber sido cometida en perjuicio de la administración pública provincial, en concurso ideal con el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. En el caso de Contreras por un hecho y en el de Mozzoni por dos hechos que concursan en forma ideal entre sí.
Para Susana Parra la calificación legal fue de “partícipe necesaria del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración publica provincial, en dos hechos, que concursan en forma ideal con el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
Brogna consideró como agravantes la autojustificación y la defensa o naturalización de conductas reñidas con la ley ya que le endilga haber dado versiones que contradicen la prueba producida. También valoró como agravantes el distinto grado de responsabilidades de acuerdo a la importancia de los cargos que detentaban los mismos al momento de los hechos.
Según la investigación judicial, a Mozzoni y a Contreras se les atribuye haber contratado en forma irregular en el período comprendido entre marzo y septiembre del año 2008, pautas publicitarias a la productora Al Kabir, en la que tenía un porcentaje la periodista de la ciudad andina, Susana Parra, para sendas campañas publicitarias que no se emitieron tal lo establecido.
En la prueba documental consta que se “habría contratado ilegalmente con una sociedad de propiedad de Parra, una funcionaria pública provincial, abonando un servicio en ese período a sabiendas que nunca se cumplió con el objeto de las contrataciones publicitarias, importando además con ésta acción transgredir las normas de contratación administrativa ya que la socia Gerente de Al Kabir S.R.L., Susana Parra a la vez se desempeñaba como funcionaria pública en la Delegación Bariloche de la propia Secretaría de Comunicación, cumpliendo tareas en la Secretaría de Prensa en Bariloche, teniendo vedado celebrar negocios con el Estado.”
Al defenderse, los tres imputados coincidieron en acusar a la Fiscalía de tener intereses políticos y de perseguirlos por ser exintegrantes de la gestión del exgobernador Miguel Saiz.
DeViedma
