No citarán a empleados por aportes a futuros jubilados
El Tribunal Laboral llamará a conciliación. Ya se cumplen tres años de la ley 4640, sin aplicarse.
Judiciales
La Justicia desestimó convocar a unos 4000 estatales por jubilarse en la demanda que UPCN formalizó para que Río Negro cumpla con la ley 4640 que exige la totalidad de los aportes previsiones para quienes están a 10 años de retirarse del Estado provincial. El próximo mes, esa normativa cumplirá tres años de vigencia y todavía no se implementó por razones financieras.
El proceso judicial continuará con un llamado a conciliación, previéndose que la provincia ofrezca un mecanismo y plazo de instrumentación.
A fin de año, la Fiscalía de Estado propuso un trámite complejo en ese expediente: que se cite a los casi 4000 empleados públicos alcanzados por esa norma, considerando que afrontarían una mayor retención personal por el aumento del monto afectado a descuentos.
Ahora, la Cámara rechazó esa pretensión porque constituiría un trámite “engorroso y dificultoso” para el juicio y, además, convalidó en el proceso a UPCN en “representación de todos los empleados dependientes del Poder Ejecutivo Provincial afiliados o no al gremio referido”. También destacó la propuesta de citar a terceros se debe rechazar porque “no son terceros sino parte en el litigio”.
Esta resolución corresponde al tribunal laboral -que preside Eduardo Roumec e integran Jorge Bustamante y Ernesto Rodríguez- y la tramitación seguirá con la citación a UPCN y la provincia para consensuar, concretamente la implementación de la ley 4640, aprobada en junio del 2011 y destinada al mejoramiento de los haberes de retiros de los próximos jubilados del Estado rionegrino con el aporte previsional de la totalidad de sus remuneraciones.
En su comunicado, UPCN destacó el fallo y adelantó que la Justicia “deberá fijar una audiencia de conciliación entre las partes, que será de concurrencia obligatoria”.
En distintas ocasiones, Economía estudio y evalúo alternativas para comenzar con la aplicación de esa legislación, siempre su concreción se diluyó frente a la imposibilidad financiera. Incluso, se avanzó en un convenio de pago por 12 años con la AFIP para la abonar los aportes totales de los últimos 10 años por jubilarse y esa moratoria se estimó en 180 millones. Pero, nunca se formalizó. Igualmente, la principal dificultad correspondía al desembolso provincial. El cálculo consignaba unos 50 millones anuales del Estado, y los empleados tendría un descuento mayor por la suba de sus contribuciones.
Por otra parte, la ejecución de la ley 4640 se relacionó con el objetivo del gobierno de acelerar el retiro de empleados en condiciones de jubilarse y que, mayoritariamente, se resistían por la diferencia de sus haberes activos y sus futuras remuneraciones de pasivos. En ese momento, UPCN llamó a no jubilarse y presentó la demanda judicial.
DeViedma
