Educación, desigualdad y responsabilidad estatal
Las pruebas PISA sirven si permiten reconocer desigualdades y ampliar el análisis de las barreras y condiciones que el sistema produce. No, si se utiliza para distribuir culpas o justificar el retiro del Estado.

En estos días se conocieron los resultados de PISA 2025. Los resultados muestran una desigualdad estructural, acumulada durante años, que exige políticas educativas públicas, universales y sostenidas. Sin embargo, frente a un problema sistémico, se ofrecen respuestas pequeñas y focalizadas: una capacitación para quince docentes, unas horas de formación socioemocional, una certificación y un refrigerio.
No se trata de desvalorizar el encuentro ni a quienes participaron. La pregunta es otra: ¿puede una intervención aislada transformar las condiciones que producen desigualdad educativa? ¿O estamos reemplazando la responsabilidad estatal por acciones privadas que enseñan a docentes y estudiantes a gestionar emocionalmente los efectos de aquello que la política no modifica?
PISA puede funcionar como un termómetro: advierte la fiebre, pero no establece el diagnóstico ni prescribe el tratamiento. El problema aparece cuando el ranking se usa para responsabilizar a estudiantes, docentes o escuelas.
Ricardo Baquero y Flavia Terigi ayudan a revisar la unidad de análisis. El aprendizaje no es una propiedad individual: es una práctica situada, producida entre estudiantes, docentes, saberes, normas, tiempos y condiciones materiales. La pregunta no es sólo por qué ciertos estudiantes no aprenden, sino qué relación construye el sistema entre ellos, los conocimientos, sus condiciones de vida y la organización escolar.
Alfredo Carballeda advierte que la mirada neoliberal y meritocrática convierte necesidades y derechos incumplidos en falencias individuales. La secuencia es conocida: pobreza, necesidad de trabajar, trayectoria irregular, menor desempeño y “falta de esfuerzo”. En el camino desaparecen responsabilidades institucionales y políticas. Quienes trabajan, cuidan o no responden al alumno ideal irrumpen como “sujetos inesperados”. No llegaron sujetos equivocados: una escuela obligatoria sigue organizada, en muchos aspectos, alrededor de un estudiante que nunca fue universal.
La desigualdad atraviesa los resultados.
Incluir más estudiantes en la escuela común mientras se recortan la Educación Especial y los apoyos puede producir inclusión administrativa y exclusión pedagógica. Los recortes, el homeschooling y una hibridación usada para sustituir inversión trasladan responsabilidades hacia familias con posibilidades desiguales.
Pensar la educación como razón de Estado, exige que el acceso al conocimiento no dependa del origen, el territorio o la capacidad de comprar oportunidades. Requiere una política que trascienda gobiernos. Tampoco lo son una evaluación, una plataforma o una capacitación aislada.
¿Sirve entonces PISA? Sí, si permite reconocer desigualdades, ampliar la unidad de análisis e interrogar las barreras y condiciones que el sistema produce. No, si se utiliza para distribuir culpas o justificar el retiro del Estado.
En un escenario preelectoral, sus resultados podrían ser una oportunidad para exigir que quienes gobiernan y aspiran a gobernar presenten políticas educativas concretas, transformadoras y sostenidas. Decir que no habrá paros no es una política educativa. Tampoco alcanza con declarar la educación un servicio esencial y prometer que las escuelas permanecerán abiertas.
Como sostienen Echeita y Ainscow, la inclusión no se reduce a la presencia: requiere garantizar también la participación y el aprendizaje. Comprender por qué alguien no aprende exige reconocer las barreras sociales, institucionales, materiales y pedagógicas que atraviesan su trayectoria. Es el mismo desplazamiento que proponen Baquero y Terigi: dejar de buscar la explicación exclusivamente en el individuo y ampliar la unidad de análisis hacia la situación educativa que el sistema construye.
Quienes pretendan gobernar a partir del próximo año deberían responder una pregunta más compleja que cómo garantizarán la continuidad: ¿qué barreras se comprometen a remover y qué condiciones sostendrán durante los próximos diez o quince años para que estar en la escuela signifique también poder participar y aprender?
Un resultado puede describir un desempeño. No debe definir a un sujeto ni anticipar un destino. Pero sí puede interpelar a la política. La pregunta es si volveremos a utilizarlo para repartir responsabilidades o si, esta vez, estaremos dispuestos a asumirlas.
* Psicóloga y Docente de Nivel Superior.
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