Organizaciones reclamaron por la agresión a jóvenes
Los agresores son efectivos del COER, que cumplían tareas de refuerzo en la Comisaría 28. La violenta represión sufrida por 6 adolescentes del Arrayanes fue registrada por cámaras de seguridad de un comercio. Referentes sociales y murgas reclamaron el cese de estas prácticas.
DENUNCIA DE APREMIOS
Un centenar de jóvenes y referentes de organizaciones sociales y sindicales se manifestaron frente a la Unidad Regional Tercera contra la brutal golpiza policial propinada el domingo a seis adolescentes de la murga del barrio Arrayanes, exigieron que cese la política de represión que todos los fines de semana “se ensaña con nuestro pibes de los barrios”.
El documento fue recibido por el titular de la Regional Tercera, Carlos Arias, quien anticipó las disculpas expresadas luego por el Jefe de la Policía de Río Negro, Fabián Gatti, vía telefónica.
A través del celular de Arias, Gatti se comprometió ante los presentes sancionar con severidad a los policías violentos y a desterrar las prácticas represivas que atenten contra la comunidad.
Las medidas institucionales fueron transmitidas por la directora de Prevención del Delito, Noemí Acuña, quien aseguró que están identificados los efectivo responsables de la golpiza que serían separados de su cargo en las próximas horas, al igual que el jefe de la Comisaría 28, Oscar Gonzalez, y el oficial de servicio que se negó a tomar la denuncia a los familiares de las víctimas.
La funcionaria aclaró que la comisaría Segunda no tuvo ninguna vinculación con el violento procedimiento que fue realizado por personal del COER que presta tareas en la Unidad 28 en calidad de refuerzo.
“La novedad que tengo es que quienes golpearon a estos chicos es personal que está de refuerzo, no es personal permanente de acá de Bariloche, que no actuó como grupo sino que cumplía tareas de calle para el patrullaje preventivo” aseguró Acuña a “DeBariloche”, quien estimó que serán separados del cargo y confirmó que ya fueron puestos a disposición de la justicia.
La violenta agresión policial y los responsables de la golpiza quedaron registrada en las cámaras de seguridad de la sucursal de Casa Elvira, ubicada en Onelli y Brown, que ya fueron facilitadas por el comercio y puestas a disposición del sumario administrativo y la investigación judicial.
Las medidas adoptadas en las últimas horas fueron bien recibidas por los damnificados pero no alcanzaron para evitar las fuertes recriminaciones de los organismos de Derechos Humanos y las organizaciones sociales que llevan años denunciando el maltrato policial y en ensañamiento con los jóvenes de los barrios Altos.
El párroco Carlos Morena cruzó en duros términos a los funcionarios presentes al señalar que “las mesas de Seguridad barrial no funcionan” y que la agresión sufrida por los chicos de la murga es “la práctica habitual que toma la policía los fines de semana contra los pibes cuando salen de los boliches”.
La denuncia fue compartida por la abogada del observatorio de Derechos Humanos, Natalia Araya, advirtió quien pidió “terminar con la tortura en los barrios”, mientras que el referente de Grupo Encuentro, Luis Fernandez, recordó que “esto no es de hoy, muchas veces hemos estado acá en otras oportunidades y otras situaciones calcadas de esta, que se repiten desde hace 25 años”.
Las organizaciones presenten coincidieron en señalar que muchos chicos no denuncian las golpizas y vejámenes que reciben de la fuerza de Seguridad porque no prosperan y temen mayores represalias. También reiteraron el pedido de medidas sencillas como la identificación de los efectivos y las cámaras reclamadas durante años.
Acuña aclaró que “nosotros repudiamos este hecho” y fue enfática al sostener que “no queremos personas que violen los derechos de la sociedad, vamos a ir hasta las últimas instancias con la investigación porque no queremos violentos en nuestras fuerzas”.
También aseguró que la repartición que conduce se enteró de lo sucedido por el relato que realizó un integrante del grupo de murga que participa de una de las mesas de Seguridad Barrial y que el mismo lunes acompañó a las madres de las víctimas a realizar la denuncia ante la Unidad Fiscal de Atención Primaria.
“La primera asistencia fue el lunes y a partir de ahí nos pusimos a trabajar con las familias” explicó, que reconoció “problemas” para revertir los vicios de la fuerza de la fuerza pero defendió la política de seguridad instrumentada por el gobierno provincia.
DeBariloche
