Condenan a miembros de una banda narco que operaba en San Patricio del Chañar

Cinco de diez personas acusadas por comercializar estupefacientes en San Patricio del Chañar fueron declaradas responsables, tras un acuerdo presentado por el Ministerio Público Fiscal. Dos de ellas recibieron penas de seis años de prisión efectiva, mientras que las otras tres, con una participación menor, fueron condenadas a tres años de prisión en suspenso. La fiscal del caso, Silvia Moreira, junto al asistente letrado Pablo Jávega, reformuló los cargos antes de la presentación del acuerdo.

Entre los principales acusados se encuentra Daniel Figueroa, imputado por comercialización de estupefacientes, agravada por la participación de más de dos personas, en calidad de coautor. En tanto, Marlen Díaz fue acusada como partícipe secundaria del mismo delito. Ambos formaban parte de una red que operaba desde distintos domicilios de la localidad, con diversos roles y niveles de responsabilidad.

Los detalles del acuerdo

El acuerdo presentado ante el juez contempló condenas para Daniel Figueroa y Silvana Risso, quienes fueron considerados líderes de la organización. A ellos se les impusieron seis años de prisión efectiva y una multa de 200 unidades fijas. En tanto, Marlen Díaz, Mariana Risso y Kevin Sosa recibieron tres años en suspenso y multas de 100 unidades fijas, además de cumplir reglas de conducta como no consumir alcohol ni drogas y acreditar trabajo o estudios.

La fiscal Moreira explicó que las penas fueron determinadas considerando los distintos grados de participación. Se tuvo en cuenta la escala penal correspondiente —de 6 a 20 años de prisión— y las condiciones personales de los acusados, entre ellas, la maternidad de algunas imputadas, lo que motivó penas condicionales para garantizar el vínculo con sus hijos.

Durante la investigación se estableció que Figueroa y Silvana Risso dirigían la estructura, coordinaban los puntos de venta y obtenían el mayor beneficio económico. Otras dos personas identificadas con las letras A.R. y J.A., también imputadas, se encargaban de la adquisición de drogas, vigilancia y seguridad. Mariana Risso y Kevin Sosa incrementaron su participación a partir de junio de 2025, mientras que Marlen Díaz, y otros dos acusados tenían tareas de venta y entrega del material.

Se secuestró cocaína y marihuana

Como agravante, la fiscalía destacó la cantidad de drogas secuestradas: 1.348 gramos de marihuana y más de 700 gramos de cocaína, parte de los cuales se hallaban al alcance de niños, lo que representaba un riesgo para la comunidad. Además, la actividad se desarrollaba durante todo el día, especialmente de noche, utilizando distintos vehículos para evitar ser detectados.

El Ministerio Público Fiscal también solicitó el decomiso de un automóvil Renault Stepway, teléfonos celulares y dinero incautado, por un valor estimado de 11.157.000 pesos, en favor del Estado provincial. Asimismo, se prorrogó la prisión preventiva de J.A. por cuatro meses, al considerarse que persistían los riesgos procesales y que la investigación mantenía solidez.

Finalmente, el juez de garantías Luis Giorgetti validó las reformulaciones de cargos y la extensión del plazo de investigación. Confirmó la detención preventiva de J.A. hasta el 26 de noviembre de 2025 y dio por finalizada la audiencia, tras la renuncia de las partes a presentar impugnaciones. El caso continúa abierto para los demás acusados que aún no definieron su situación judicial.