Abandono de servicio, maltrato y más: el Gobierno de Río Negro aplicó duras sanciones a estatales
La medida surge tras las últimas reuniones de la Junta de Disciplina. El Gobierno asegura que busca garantizar un Estado eficiente y proteger los recursos públicos.
El Gobierno de Río Negro dispuso 6 cesantías, 33 suspensiones sin goce de haberes y 3 apercibimientos a trabajadores estatales, en el marco de sanciones firmes por incumplimientos considerados graves dentro de la administración pública.
La decisión se conoció este 4 de mayo de 2026, tras nuevas reuniones de la Junta de Disciplina, y se enmarca en una política de control que apunta a mejorar el funcionamiento del Estado y asegurar que los recursos públicos se destinen exclusivamente a la prestación de servicios.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que estas medidas forman parte de un proceso de ordenamiento más amplio iniciado en enero de 2024. En ese período, se tramitaron más de 1.200 expedientes disciplinarios que estaban demorados, lo que permitió avanzar con resoluciones concretas.
Un balance de la gestión disciplinaria
Desde el inicio de la actual gestión, el Gobierno provincial informó que se concretaron 102 cesantías, 6 exoneraciones y 492 suspensiones. A la par, se dictaron 91 sobreseimientos y se archivaron 245 expedientes en los que no se comprobaron faltas.
Según se indicó, este trabajo busca jerarquizar la carrera administrativa y reforzar el cumplimiento de las tareas en cada organismo estatal.
Motivos de las sanciones
Las últimas cesantías estuvieron vinculadas, en su mayoría, al abandono de servicio. Se trata de agentes que se ausentaron de sus puestos de trabajo durante períodos prolongados sin justificación ni respuesta ante intimaciones formales.
También se detectaron situaciones que impactan directamente en la atención a la comunidad. En un hospital público, por ejemplo, se sancionó al responsable de asignar turnos para tomografías por no cumplir su horario, lo que dificultaba el acceso a estudios de alta complejidad. En otro caso, un agente de salud fue cesanteado por maltrato reiterado a pacientes y compañeros, además de abandonar su puesto dejando personas internadas sin la atención correspondiente.
A esto se suman conductas que derivaron en suspensiones, como el uso de una ambulancia oficial para participar de una manifestación, presentarse a trabajar en estado de ebriedad o protagonizar situaciones de acoso hacia una compañera.
Desde el Gobierno recordaron que el sistema disciplinario es progresivo, cuando un agente acumula sanciones que superan los 30 días de suspensión, el estatuto prevé la aplicación de la cesantía.
Áreas alcanzadas y control transversal
Si bien la mayor cantidad de sanciones se concentra en el Ministerio de Salud, debido a la cantidad de personal y la sensibilidad de servicios como las guardias hospitalarias, las medidas alcanzan a distintas áreas del Estado.
Entre ellas se encuentran la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), IPROSS, IPPV, Desarrollo Humano, Deporte, Cultura y Educación, entre otros organismos.
El Ejecutivo remarcó que los procesos se desarrollan con garantías legales. Cada caso se tramita mediante sumarios administrativos en los que se reúnen pruebas y se respeta el derecho a defensa. La resolución final queda en manos de la Junta de Disciplina, integrada por representantes del Gobierno y de los gremios ATE y UPCN.
«Un Estado eficiente»
La secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, defendió la política disciplinaria y sostuvo que responde a la necesidad de mejorar el funcionamiento del Estado.
«Río Negro está en marcha y eso nos exige un Estado eficiente. Tenemos la responsabilidad de usar las herramientas legales para poner orden. No hacerlo sería fallarle a la gran mayoría de los empleados que cumplen con orgullo y a los rionegrinos que sostienen el sistema con sus impuestos», afirmó.
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