Causa de Techo Digno en Sierra Grande: el fiscal acusó a Tamburrini y liberó a Iribarren
Finalizó el juicio por la construcción de 40 viviendas, financiada por la Nación y ejecutada por el municipio serrano.
En el juicio por la causa Techo Digno en Sierra Grande, el fiscal Juan Pedro Peralta concluyó con pedidos de condenas para el exintendente Renzo Tamburrini y sus funcionarios, pero, en cambio, no acusó al exjefe comunal Nelson Iribarren.
Las acusaciones planteadas por la investigación de Techo Digno eran “abuso de autoridad” e “incumplimiento de deberes de funcionario público”, que la Fiscalía sostuvo para Tamburrini, y los exsecretarios Mauro Tamburrini (Gobierno) y Ernesto Noel (Obras Públicas).
El fallo del Tribunal -que integran Marcelo Chironi, Guillermo Bustamante y Guillermo Gonzalez Sacco- se conocerá el próximo miércoles 10 de junio.
A la gestión de Tamburrini se le imputó que certificó un avance de obra cercano al 71%, con sus consecuentes envíos de fondos de Nación, aunque las posteriores pericias técnicas demostraron que el nivel de ejecución de las viviendas rondaba el 42%.
El segundo hecho se vinculó con el pago de obras por movimientos de suelo y que esa ejecución no se correspondía con las certificaciones. Esta responsabilidad recaía en el exintendente Iribarren y sus exsecretarios Claudia Alvariño (Gobierno) y Miguel Mesa (Obras Públicas). En los alegatos, el fiscal Peralta no sostuvo esta acusación y, en consecuencia, el único camino del tribunal será el sobreseimiento en esos casos.
Previamente, de los seis imputados, hablaron Mauro Tamburrini y también Iribarren para reafirmar conceptos de defensas para cada administración municipal.
Luego del alegato del fiscal, se sucedieron las teorías y pedidos de sobreseimientos de las defensas, empezando por Fernando Mayor, Angel Curzi y Pedro Vega para los Tamburrini; Chirinos patrocina a Noel, mientras que los abogados Mariano Gestoso y Santiago Güenomil defendieron a Iribarren y sus dos exsecretarios.
Conclusiones de la Fiscalía
Para la Fiscalía, el juicio permitió acreditar la acusación contra la administración de Tamburrini en relación al manejo irregular de fondos nacionales para un plan de 40 viviendas, con una transferencia de 18 millones de pesos.
Peralta remarcó que la maniobra consistió en la confección y utilización de certificados de avance de obra que no reflejaban el estado real de ejecución del proyecto. “Se falsearon certificados de avance de obra para pagarle a la empresa por trabajos que no se habían realizado”, enfatizó.
Recordó que cinco especialistas coincidieron en que las viviendas presentaban un avance inferior al porcentaje consignado en la documentación oficial y remarcó que la defraudación se consumó al concretarse pagos sustentados en certificaciones que no se correspondían con la realidad de la obra.
“La secuencia integrada por certificación, facturación, resolución administrativa y pago quedó demostrada mediante prueba documental, pericial y testimonial producida en el debate”, entendió.
En relación al segundo hecho, el fiscal admitió que las pruebas en el juicio permitieron concluir que los trabajos de movimientos de suelo certificados se ejecutaron. Valoró que la administración de Iribarren detectó inconsistencias, ordenó revisar la documentación, rescindió el contrato y realizó la denuncia penal. Estas acciones -afirmó Peralta- descartan la existencia de una actuación concertada para perjudicar a la administración pública municipal. Así, desestimó la acusación inicial planteada con Iribarren y sus exsecretarios.
Los defensores
Los representantes de los imputados cuestionaron la actuación fiscal y negaron las acusaciones.
Aludieron también al contexto de la época y las complejidades administrativas de las gestiones municipales.
En lo particular, el defensor oficial Vega -que defendió a Mauro Tamburrini- argumentó que su representante no tenía responsabilidad en la certificación de las obras.
También se remarcó que la fiscalía no pudo “acreditar dolo de defraudar. La falsedad que se le imputa se cae porque él actuó dentro de sus funciones y no contaba con capacidad técnica para intervenir en esos actos”, sostuvo, por lo que solicitó su absolución.
Finalmente, los abogados de Iribarren y sus exfuncionarios sostuvieron que los trabajos cuestionados habían sido realizados y negaron la falsedad atribuida a sus defendidos.
Comentarios