Certificados falsos en Río Negro: la causa se tramitará en Roca y Cipolletti
Este miércoles se conoció la resolución del juez de Garantías de Viedma. El Ministerio Público Fiscal apelará la medida. La causa tiene más de un centenar de agentes públicos investigados.
La causa por la presentación de certificados médicos falsos, que involucra a más de un centenar de empelados públicos de Río Negro distribuidos en seis legajos, continuará su trámite en los juzgados de Roca y Cipolletti.
Así lo resolvió este miércoles el juez de Garantías de Viedma, Adrián Dvorzak, ante la necesidad de garantizar el derecho de defensa de las personas investigadas y facilitar la producción de pruebas.
El fiscal Juan Pedro Peralta adelantó que apelará la decisión y eso demorará, aún más, la formulación de cargos contra 119 policías, agentes penitenciarios y docentes involucrados en esta causa que se inició a mediados de 2024 e investiga una presunta maniobra mediante la cual se habrían presentado certificados médicos falsos para justificar ausencias laborales y percibir sus salarios sin los descuentos correspondientes.
Para el Ministerio Púbico Fiscal esas conductas podrían constituir los delitos de fraude a la administración pública y uso de documento falso.
En caso de confirmarse la competencia de los tribunales de Roca y Cipolletti la acusación continuaría a cargo del fiscal capitalino, no así la actuación de los defensores oficiales de la Primera Circunscripción Judicial.
Certificados falsos: qué dijo el juez Dvorzak
La resolución del magistrado confirmó que los jueces penales de Río Negro tienen competencia en todo el territorio provincial, por eso rechazó formalmente el planteo de incompetencia territorial presentado por las defensas. Sin embargo, consideró que existían razones suficientes para que la investigación continuara en las circunscripciones donde se habrían desarrollado los hechos.
En ese sentido señaló que en esas ciudades se presentaron los certificados médicos, se realizaron medidas de investigación y se encuentran gran parte de los imputados, sus abogados y las posibles fuentes de prueba.
El juez puso especial atención en las dificultades que podría generar la distancia para el ejercicio del derecho de defensa. Indicó que la comunicación virtual no siempre resulta suficiente para preparar una estrategia defensiva, mantener entrevistas personales y desarrollar las medidas probatorias necesarias.
También sostuvo que el traslado del expediente no implica comenzar nuevamente la investigación. Las pruebas reunidas y las actuaciones realizadas conservan su validez, por lo que podrán ser utilizadas en las circunscripciones que continúen con el trámite.
La resolución ordenó remitir las actuaciones a los foros de jueces correspondientes a los lugares donde fueron presentados los certificados médicos. La medida se hará efectiva una vez que la decisión quede firme.
Asimismo, dispuso que los elementos secuestrados durante los allanamientos queden a disposición de las autoridades judiciales que intervengan en adelante, con cumplimiento de las reglas de preservación y cadena de custodia.
La investigación incluyó allanamientos en Roca, secuestro de teléfonos y computadoras, análisis de conversaciones y peritajes sobre documentación vinculada con licencias médicas. También se incorporaron informes de organismos públicos y estudios realizados por áreas técnicas del Ministerio Público Fiscal.
Certificados falsos: prevaleció la opinión de las defensas
Durante todas las audiencias realizadas en Viedma, las defensas oficiales y privadas solicitaron que el expediente dejara de tramitarse en esta ciudad ya que los hechos investigados ocurrieron principalmente en Roca y Cipolletti, donde se habrían presentado los certificados y donde residen gran parte de las personas investigadas.
También señalaron que la distancia con Viedma dificultaba las entrevistas entre abogados e imputados, la preparación de las estrategias de defensa y la producción de pruebas. Sostuvieron que mantener el expediente en la capital provincial podía afectar el ejercicio efectivo del derecho de defensa.
El Ministerio Público Fiscal y la querella, ejercida por la Fiscalía de Estado, se opusieron al planteo, y explicaron que el presunto perjuicio económico afectó a la administración provincial, cuya sede se encuentra en Viedma. Además, señalaron que gran parte de la investigación ya se había desarrollado desde esa ciudad y que trasladar las actuaciones podía generar demoras y dificultades organizativas.
El juez de Garantías Adrián Dvorzak analizó las posiciones y distinguió entre la competencia territorial de los magistrados y la organización del trabajo judicial dentro de la provincia.
La decisión no resuelve la responsabilidad penal de las personas investigadas ni modifica los hechos atribuidos por la acusación, solo define dónde deberá continuar el proceso y qué autoridades judiciales intervendrán en las próximas etapas.
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