Cinco Saltos bajo lupa: piden una auditoría interna en el municipio tras detectar «irregularidades»
Concejales advirtieron fallas en controles, accesos y trazabilidad del sistema PGM, mientras el Ejecutivo negó anomalías y defendió los permisos otorgados.
Concejales de tres bloques opositores impulsaron un pedido de auditoría informática y operativa sobre el sistema PGM en Cinco Saltos, con el objetivo de relevar movimientos de usuarios en áreas sensibles y «garantizar la transparencia en la gestión», en un contexto atravesado por cuestionamientos administrativos y judiciales.
En el escrito al que accedió Diario RÍO NEGRO, los ediles de Cinco Saltos -Mirta Almanza y Federico Salazar del bloque Nos Une Río Negro; Graciela Moreno y Carlos González del bloque Cambia Cinco Saltos; y Juan Francisco Cigoy concejal del bloque JSRN- advirtieron “presuntas irregularidades operativas” que podrían facilitar “maniobras de malversación”, un “riesgo de continuidad” por la baja de proveedores que “genera una vulnerabilidad crítica en la trazabilidad de las operaciones financieras” y la asignación de claves críticas -como “administración de deudas” y “padrones”- a personal externo sin responsabilidad jerárquica ni estabilidad patrimonial.
En respuesta al pedido de los ediles, desde el Ejecutivo municipal negaron irregularidades y señalaron que “no existen proveedores dados de baja”. Además, indicaron que la asesora externa cuenta con acceso al sistema por las funciones que desempeña y que se solicitó información a la firma proveedora para responder el pedido.
Sospechas sobre accesos y manejo de datos
Entre los argumentos, mencionaron “presuntas irregularidades operativas” vinculadas a inconsistencias en el procesamiento de información. Advirtieron que estas situaciones “podrían facilitar maniobras de malversación”, aunque no se detallaron casos específicos en la presentación.
También alertaron sobre la asignación de permisos críticos a personal externo. En particular, indicaron que se habrían otorgado claves de “administración de deudas” y “padrones” a una asesora sin responsabilidad jerárquica, lo que según sostienen vulnera normas de seguridad informática y la Ley Provincial N° 811.
El documento remarca además un “riesgo de continuidad” por la eventual baja de proveedores del sistema, lo que podría afectar la trazabilidad de las operaciones financieras. A esto sumaron antecedentes recientes, como el borrado de información en equipos municipales y la denuncia judicial contra las autoridades.
«No estamos ante un simple trámite administrativo; estamos ante la necesidad de garantizar que la información de los ciudadanos no sea manipulada ni borrada. Como concejal, no seré cómplice por omisión de este perjuicio al erario público. Por ello, exigimos una auditoría informática externa inmediata que brinde la claridad que Cinco Saltos merece», indicó Federico Salazar, concejal del bloque Nos Une.
Cruce con el Ejecutivo y pedido de precisiones
Desde el Ejecutivo municipal rechazaron las irregularidades. En su respuesta, afirmaron que “no existen proveedores dados de baja” y que la contadora involucrada fue contratada como asesora externa, por lo que “es necesario y razonable que posea acceso al sistema PGM” para cumplir sus funciones.
Asimismo, indicaron que se solicitó información a la firma proveedora del sistema y que se requiere precisar el alcance del pedido. “El objeto es muy amplio”, señalaron, en relación con la auditoría solicitada.
Tras esa contestación, los concejales expresaron “absoluto rechazo e impugnación” y cuestionaron la demora en responder. Afirmaron que la contestación “evidencia una clara intención de obstaculizar la labor de control”, al tiempo que calificaron como “falso” lo informado sobre la inexistencia de movimientos o bajas en el sistema.
«(…) nosotros hemos presentado pruebas digitales irrefutables del propio software oficial donde constan dichas bajas, con nombre y apellido. Negar la existencia de estos registros frente a la prueba digital constituye una falta grave y una subestimación a la inteligencia de los representantes del pueblo», sostuvo Salazar.
El pedido incluye relevar qué usuarios operaron módulos sensibles, cómo se asignaron credenciales y cuál es el estado de los proveedores. El planteo sostiene que la intervención es necesaria para resguardar el patrimonio público y asegurar la legalidad administrativa.
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