Cortés y la Cooperativa de Electricidad Bariloche acordaron una tregua por tres meses
El Gobierno local y la CEB abrieron una instancia de diálogo para resolver el conflicto originado en deudas que la cooperativa le reclama a la Municipalidad y las diferencias por la prestación y mantenimiento del servicio de alumbrado público.
Un día antes de que entrara en vigencia la resolución del intendente de Bariloche, Walter Cortés, que rescindía el convenio de operación, cobro, mantenimiento y mejoramiento del servicio de alumbrado público a cargo de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB), hubo humo blanco.
Los representantes de la CEB y de la Municipalidad de Bariloche acordaron una tregua de 90 días para analizar los planteos de cada parte y tratar de llegar a un acuerdo.
El lunes se dieron dos instancias de conciliación. Primero, directivos de la CEB y la secretaria Legal y Técnica municipal concurrieron a la sede del Juzgado en lo Contencioso Administrativo, a cargo del juez Iván Sosa Lukman, informaron desde la cooperativa.
El magistrado los había convocado para intentar llegar a un acuerdo sobre la demanda que la Cooperativa presentó contra el municipio para exigir el pago de la deuda de varios miles de millones de pesos por el consumo de energía de los tableros comunitarios, que proveen de electricidad a miles de familias de los asentamientos irregulares de esta ciudad. Esa deuda viene desde hace varias gestiones municipales.
Las fuentes de la CEB recordaron que la entidad reclama al municipio además una deuda por el servicio de alumbrado público, que presta la cooperativa, cuyo cuadro tarifario no se actualiza desde hace casi dos años. El tercer punto tenía que ver con el conflicto por la operación, mantenimiento y cobro del alumbrado público, que la municipalidad asumiría a partir de este martes.
Esa audiencia ante el juez fracasó. La representante de la municipalidad no presentó una propuesta de pago, según las fuentes de la CEB.
Una sentencia que reconoce una deuda millonaria
Por eso, Sosa Lukman dictó el lunes una sentencia monitoria que ejecuta parte de la deuda reclamada por la CEB y condena a la Municipalidad de Bariloche y del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social a pagarle a la cooperativa 3.903.588.550 pesos, con 77 centavos, en concepto de capital reclamado. Y otros 390.358.855 pesos por intereses y costas del proceso, sujeta a la liquidación definitiva.
Una sentencia monitoria es una decisión judicial rápida que ordena el pago de una deuda líquida y documentada, emitida sin escuchar previamente al deudor.
Sosa Lukman en la sentencia dispuso el embargo de esas sumas. Por eso, libró oficio a instancias del ejecutante al Registro de Embargos Judiciales a los Municipios (Rejum) dependiente de la Contaduría General de la Provincia, sin afectación de los recursos transferidos por el gobierno nacional o provincial destinados al cumplimiento de programas especiales o que tenga un destino específico para que “oportunamente transfiera las sumas embargadas a la cuenta judicial” correspondiente, entre otras indicaciones.
A principios de agosto pasado, Sosa Lukman dictó una resolución que admitió parcialmente una medida cautelar solicitada por la CEB para dejar sin efecto resoluciones del intendente y una Disposición de la Secretaria de Hacienda del municipio que cambiaba el mecanismo de cobro del servicio de alumbrado público.
Un acuerdo que abre una instancia de diálogo
La sentencia monitoria que el juez dictó el lunes movilizó al Ejecutivo municipal y activó la Comisión de Transacciones del municipio, que convocó a representantes de la CEB y de la municipalidad a una reunión.
El encuentro se hizo el lunes al mediodía en la sede del Tribunal de Contralor Municipal y allí se acordó la tregua de 90 días. “Hicimos un acuerdo con la asistencia del Tribunal de Contralor y acordamos una prórroga por noventa días para avanzar sin problemas en la transición del sistema y sus derivados”, explicó este martes Martín Domínguez, asesor legal del intendente. Aclaró que la CEB seguirá operando el servicio de alumbrado público por ese plazo.
Como parte del convenio, también la ejecución de la sentencia de Sosa Lukman quedó en suspenso. De todos modos, Domínguez dijo que “al municipio no lo han notificado de ello aún pero quedó dentro del acuerdo”.
El secretario de Relaciones Institucionales del municipio, Antonio Zidar, recordó que hace varios meses que el municipio le pidió a la CEB “conocer los números de funcionamiento del alumbrado y de los tableros comunitarios”.
Valoró la instancia de diálogo que se abrió por 90 días para “revisar unas cuantas cosas”. “Asumimos una serie de obligaciones con respecto a mandas que también tiene la cooperativa para ir saneando las cuentas”, señaló Zidar en Radio Seis.
Sostuvo que el lunes “fue un excelente día para la institucionalidad de Bariloche”, porque dos instituciones que son pilares para la ciudad, como la municipalidad y la CEB habían optado por el diálogo. Dijo que en ese período podrán “conocer los datos y emprolijar lo que tenemos que emprolijar”.
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