Crece la tensión entre Argentina y Chile: el Gobierno de Kast busca blindar el paso de Punta Arenas con Malvinas
La reanudación de la ruta comercial marítima que unirá el puerto chileno de Punta Arenas con las Islas Malvinas a partir de noviembre volvió a poner bajo la lupa la relación diplomática entre Javier Milei y José Antonio Kast.
Las resoluciones aprobadas en el parlamento chileno y las respuestas legislativas en Buenos Aires reavivaron la tensión diplomática por la conectividad marítima hacia las Islas Malvinas.
El envío previsto del buque chileno Danstar con mercadería e insumo, generó un nuevo foco de discusión bilateral entre Argentina y Chile. La unión entre el puerto chileno de Punta Arenas con las islas a partir de noviembre tensionó la relación diplomática entre la Argentina y Chile.
Según informó el medio Infobae, esta situación se desarrolla de forma paralela a las gestiones diplomáticas llevadas adelante por el gobierno argentino para presionar al Reino Unido respecto de la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental.
Ante este escenario, la Cámara de Diputados de Chile aprobó un conjunto de resoluciones orientadas a respaldar la navegación comercial privada y a fijar una postura formal frente al Ejecutivo nacional chileno. Las iniciativas parlamentarias solicitaron la derogación del Decreto argentino 457/2021, una normativa que define al Estrecho de Magallanes y al Paso Drake como espacios compartidos para fines de exploración y control.
Para este caso, los legisladores requirieron un reequipamiento de la Fuerza Aérea de Chile en la zona austral y la consolidación de una política de protección fronteriza con un horizonte de planificación a 2040. El paquete de medidas contó con el respaldo transversal de distintos bloques, manifestando un criterio de resguardo estricto sobre el libre tránsito comercial en el extremo sur del continente.
Cuáles son los debates parlamentarios y cruces económicos entre ambas naciones
Las votaciones en el gobierno trasandino reflejaron posturas diversas, desde el consenso institucional hasta advertencias directas para anteponer el interés estratégico nacional a la afinidad política con la administración de Javier Milei.
Paralelamente, funcionarios del gabinete chileno señalaron que la operación del buque responde a una iniciativa comercial entre privados, donde el Estado debe limitarse a garantizar condiciones de seguridad y reglas claras de navegación.
Desde Buenos Aires, las réplicas legislativas no tardaron en manifestarse a través de proyectos orientados a revisar convenios de cooperación económica y fiscal vigentes con empresas de origen chileno. La iniciativa presentada en el ámbito parlamentario argentino propone desestimar acuerdos bilaterales de inversión y doble imposición con el objetivo de trasladar la controversia soberana al plano económico.
En respuesta, representantes de distintos bloques del parlamento chileno calificaron las medidas de carácter restrictivo y exigieron una postura firme por parte de la Cancillería en defensa de la estabilidad jurídica.
Por su parte, los representantes del Ejecutivo nacional argentino remarcaron la importancia de preservar los vínculos estratégicos bilaterales frente a las fricciones generadas en torno a la causa Malvinas.
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