De qué se trata el proyecto que habilita a las provincias a vender tierras rurales sin límite a extranjeros
El Congreso debate una iniciativa del Poder Ejecutivo que suprime el límite nacional del 15% para la compra de áreas rurales por parte de capitales foráneos. La norma también endurece los requisitos para las expropiaciones estatales, suma el pago por lucro cesante y modifica los plazos en los procesos de desalojo.
El Congreso Nacional avanza con el tratamiento del proyecto de ley denominado de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que propone una reforma integral sobre la tenencia de tierras rurales en la Argentina.
El texto, que actualmente se discute en la Cámara de Senadores y aún busca los votos necesarios para lograr su aprobación, plantea como eje central la eliminación del límite nacional que restringe la venta de territorio a extranjeros.
Según la normativa vigente, los capitales foráneos, ya sean particulares o Estados, no pueden poseer más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional ni superar el tope de mil hectáreas en la zona núcleo productiva.
De aprobarse el nuevo dictamen de mayoría, estas restricciones desaparecerán del ámbito federal. Así, cada provincia pasará a tener la potestad absoluta de autorizar, regular o vetar estas operaciones de acuerdo a sus propios criterios y necesidades.
Ley de Tierras: el debate por la soberanía y los recursos estratégicos
La delegación de esta facultad a las jurisdicciones provinciales encendió un fuerte debate legislativo y geopolítico. La principal preocupación radica en la posible pérdida de control nacional sobre los recursos hídricos, las áreas de frontera y los activos estratégicos del país.
Juan Martín Paleo, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, advirtió en declaraciones al portal Infobae que la soberanía moderna no solo se define por la potestad territorial, sino fundamentalmente por el dominio sobre los recursos críticos que este alberga.
El militar consideró que el título de la iniciativa busca enmascarar una modificación de fondo a la ley de extranjería. Además, subrayó que dejar este poder de decisión exclusivamente en manos de las provincias es incorrecto, argumentando que la Argentina debe funcionar como una Nación unida en la defensa de sus intereses estratégicos mediante un acuerdo parlamentario sólido.
El contraste con legislaciones internacionales
Para fundamentar su postura, Paleo expuso cómo los países modernos protegen sus territorios ante el avance de capitales foráneos. Detalló, por ejemplo, que Brasil exige la aprobación de la Abogacía General de la Unión para este tipo de transacciones.
Por su parte, naciones como Canadá, Estados Unidos, Australia, China y México imponen estrictas barreras y controles en áreas fronterizas y sobre activos clave de su geografía.
En este sentido, el exjefe militar remarcó la urgencia de discutir previamente una ley nacional de protección de activos estratégicos, en lugar de avanzar con una flexibilización normativa fundamentada por el Gobierno en la necesidad de atraer inversiones y el ingreso de dólares al país.
Esta discusión legislativa se da en un escenario donde el Poder Ejecutivo aún no ha emitido una directiva de Defensa Nacional actualizada que oriente a las Fuerzas Armadas, rigiendo todavía la firmada en 2021 durante la gestión anterior.
Cambios en expropiaciones, lucro cesante y desalojos
Más allá del debate por la extranjerización de la tierra, el proyecto introduce cambios sustanciales en el régimen de expropiaciones. La iniciativa busca endurecer los requisitos para que el Estado pueda avanzar sobre la propiedad privada.
La nueva norma exige que la declaración de utilidad pública sea específica, necesaria y proporcional. Además, obliga al Estado a pagar la indemnización correspondiente antes de concretar la toma de posesión del bien.
Como novedad de gran impacto judicial, el proyecto incorpora el concepto de lucro cesante. Esto permitirá a los propietarios expropiados reclamar no solo el valor actual del inmueble, sino también las ganancias futuras que dejarían de percibir por su explotación.
Finalmente, en materia de desalojos, el texto bajo análisis en el Senado amplía el plazo de intimación por falta de pago, extendiéndolo de tres a diez días. Sin embargo, los legisladores mantuvieron las salvedades y protecciones vigentes hasta el mes de octubre de 2032. Esta medida busca evitar que se produzcan desahucios masivos en los barrios populares, garantizando el tiempo necesario estipulado por la ley para lograr la regularización dominial de esos territorios vulnerables.
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