Dudan si se puede detectar el dinero sucio en el municipio de Neuquén
El proyecto que busca detectar el flujo de dinero sucio o el tráfico de influencias en los expedientes del municipio se expone hoy en el Deliberante.
“Esto no es una caza de brujas, es una unidad de eficiencia de gestión, integrada por notables, empleados municipales de experiencia, donde se busca acorralar el círculo del delito que se podría filtrar en el municipio”, dijo Laura Pérez, concejala de Comunidad en la capital. Este lunes se expondrá en el Deliberante, la remodelación del proyecto de ordenanza para la detección temprana del lavado de activos.
El inicial no tuvo firmas para llegar a una aprobación durante el año. “Nos dicen que la detección temprana de lavado de dinero no es una actividad de competencia municipal, pero con la situación económica financiera que hay, creemos que esta ordenanza es para la protección del sistema municipal”, dijo la concejala Laura Pérez (Comunidad).
La iniciativa estaba en estudio desde agosto y fue retirada para reformar el texto, en busca de lograr consensos políticos.
Es que los bloques mayoritarios dudan si la tarea de investigar a los contribuyentes o a los grandes desarrolladores podría ser de incumbencia municipal.
En una ciudad que se insta a los vecinos a denunciar a los presuntos kioscos narcos y la actividad sospechosa a la justicia, se considera que la detección del dinero que podría llegar de ilícitos, es solo una competencia federal.

El proyecto será expuesto ante las y los concejales este lunes, en la sala de comisiones. Si los agregados logran convencer a una mayoría, el tratamiento se daría en las últimas sesiones, previstas para la primera quincena de diciembre. Luego rige el receso legislativo hasta febrero.
Las objeciones al proyecto
Los diferentes sectores políticos fueron cautos al responder sobre el rechazo o el aval al proyecto.
“Son temas específicos y complejos, la competencia municipal siempre es subsidiaria y en coordinación con lo que se disponga a nivel provincial y federal. Veremos la actualización del proyecto” dijo Victoria Fernández, vicepresidenta del Concejo (MPN).
Desde Fuerza Libertaria, el presidente del bloque José Luis Artaza dijo que escuchará la nueva versión este lunes. “Al municipio no le dan la información sobre una empresa sin orden judicial, es muy difícil abarcar un tema que no es de competencia municipal. El anterior tenía un informe de Ciencias Económicas que era lapidario; difícilmente vamos a apoyar algo que no se podrá llevar adelante”, dijo Artaza.
La concejala Pérez insistió en que “se trata de poner las barreras administrativas para disminuir los canales de corrupción en la administración pública, tenemos que ser más asertivos, se establecen barreras de control interno para detectar una operación sospechosa”.
Enfatizó la puesta en marcha del código ético de administración y evitar el tráfico de influencias en el manejo de expedientes, por ejemplo. Ante una denuncia, el control externo lo tendría la Unidad de Información Financiera (UIF). “La alerta temprana es hacer el traslado a la autoridad, luego será la fiscalía de delitos económicos o la UIF la que hará el trabajo”, sostuvo.
Insistió en que sería un equipo aliado a la gestión municipal que alertaría “dónde hay algo que hace ruido” y qué procedimiento se torna poco transparente. El grupo estaría a cargo de una persona que llegará por concurso de antecedentes y dependería únicamente de la intendencia, con autarquía.
La unidad podría detectar la radicación de vehículos de alta gama de personas con poco capital conocido, lo mismo que una gran inversión en un edificio o un lavadero de asociaciones sin antecedentes comerciales, se ejemplificó.
“Esto no es una caza de brujas, es una unidad de eficiencia de gestión, integrada por notables, empleados municipales de experiencia, donde se busca acorralar el círculo del delito que se podría filtrar en el municipio”, dijo Laura Pérez, concejala de Comunidad en la capital. Este lunes se expondrá en el Deliberante, la remodelación del proyecto de ordenanza para la detección temprana del lavado de activos.
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