El Gobierno de Río Negro apuró anuncios en busca de aplacar la protesta policial

Al recrudecer el reclamo con el quite de colaboración en comisarías, la provincia anticipó el pago de 40.000 pesos por indumentaria y dispuso una suba en un componente del salario.

El Gobierno de Río Negro reaccionó ante un advertencia de gravedad institucional, cuando un sector de los policías movilizados señaló el riesgo de la prestación de servicio en las elecciones del domingo, y al evidenciar una mayor adhesión al quite de colaboraciones en comisarías. Ayer al mediodía realizó una batería de anuncios como el pago inmediato de los 40.000 pesos de indumentaria y un aumento al 100% de uno de los componentes que conforman el salario de los uniformados.

Los anuncios eran valorados ayer en los puntos de protesta con poco ánimo de levantar los reclamos porque esperan una convocatoria al diálogo y la respuesta a un pliego de peticiones, principalmente que se terminen las sumas no remunerativas.

En el Gobierno ya se analizaban las medidas pero esperaban madurar la oportunidad del anuncio para evitar una reacción adversa, como ocurrió la semana pasada cuando la ministra de Seguridad Betiana Minor realizó anuncios bajo presión de la protesta policial en las puertas de su ministerio, que en materia real de ingresos solo contenía la promesa de una suma por única vez de 40.000 pesos en concepto de indumentaria y la duplicación del valor de la hora extraordinaria, que hasta el momento era de 400 pesos.

Finalmente se precipitaron los nuevos anuncios a la espera de tener mejor resultado, con la expectativa de lograr el levantamiento de las protestas que ayer se mantenían y habían endurecido con el quite de colaboración de los policías en comisarías en más ciudades, entre ellas en Bariloche donde el acampe en el Centro Cívico cumplió 11 días.

Para el Gobierno es un problema no tener interlocutores representativos del personal policial porque hay evidentes diferencias entre quieres encabezan el reclamo bajo el sello del Consejo de Bienestar Policial, que se trata principalmente de retirados o exonerados, y los agentes en actividad.

Fuentes del Gobierno insistieron que los policías cobran los mismos aumentos acordados en la Mesa de la Función Pública que ya se abonó con un 6% en febrero, un 7% en marzo, y analizan nuevos anuncios, aunque encuentran un problema complejo la falta de interlocutores representativos del conjunto de uniformados que reclaman.

Un tema aparte es el reclamo de los retirados de la fuerza cuya resolución al planteo del 40% de Zona Austral está en manos de la Anses, que depende del Gobierno nacional, y no tiene estricta vinculación con la provincia, más allá de que se hayan realizado gestiones.

En cifras

$40.000
por única vez recibieron ayer por planilla complementaria los agentes de la Policía, en concepto de indumentaria.

No hay claridad en los planteos de los uniformados


La heterogeneidad del reclamo policial y diversidad de voces no deja en claro cuál es el pedido salarial.
Por un lado, los retirados, representados en el llamado Consejo de Bienestar Policial, que tiene fuerte incidencia en el Alto Valle, abogan desde hace tiempo por el pago del 40% de Zona Austral. Este tema lo debe resolver Anses y hubo gestiones de los senadores Alberto Weretilneck y Martín Doñate, pero nada en concreto, por eso siguen los planteos de una mayor intervención de la provincia.

En medio de este reclamo y ante el conflicto prolongado con los docentes, se comenzaron a sumar policías en actividad con adhesiones dispares según las ciudades. Este sector no tiene un interlocutor directo y en algunos casos no coinciden en dejar la vocería de sus peticiones al Consejo de Bienestar.

Puntualmente exigen una mejora salarial y que dejen de existir las sumas no remunerativas, pero no hay un porcentaje definido ni un monto mínimo para los haberes.

Como en otros sectores del Estado, los básicos son muy bajos, un promedio de 29.000 pesos para un sargento con 10 años de antigüedad y los ítem complementarios y adicionales son tantos que con esas sumas se llega a conformar un salario promedio de 150.000 pesos. Algunos manifestantes en Bariloche señalaron que por los costos de vida pretendían un sueldo de 300.000 pesos.


Los anuncios



Según anunció oficialmente el Gobierno, a través de un comunicado de prensa, el concepto “fuerza de seguridad” que fue creado el año pasado en el contexto de un reclamo salarial y asignaba un valor del 40% sobre la asignación al grado, ahora pasará a ser del 100%, remunerativo y bonificable a partir de los salarios de marzo. Para anticipar el impacto en el bolsillo de los agentes, esa diferencia se pagó ayer por planilla complementaria.

También se realizó ayer el pago inmediato por planilla de los 40.000 pesos por única vez como “anticipo de indumentaria”, un concepto que también llega al sector pasivo. Este anuncio fue parte central del compromiso de Minor la semana pasada pero no tenía plazos de efectivizarse.

Entre las novedades de los anuncios del Gobierno, se incorporó la disposición de créditos de 50.000 o 100.000 pesos para la compra de materiales de construcción de viviendas y mejoramientos habitacionales, cuya inscripción comenzará el próximo lunes 17 de abril.

En materia de alquileres, otro de los reclamos de los agentes que aducen graves problemas para afrontar la renta debido a los altos costos, el Gobierno informó que la Jefatura de Policía y el Ministerio de Seguridad y Justicia trabajan en la modificación del Decreto Provincial Nº 315/1976, puntualmente en permitir que la bonificación por vivienda sea recibida por dos cónyuges que integren la fuerza y ampliar el radio de alquiler a 50 kilómetros.

También se reintegrarán los gastos que implique a los policías obtener el registro de conductor profesional, se incrementan los fondos mensuales para las Unidades Regionales de 150.000 pesos a 500.000 pesos y se autorizó un anticipo de fondo de 25 millones de pesos para la “rápida reparación de los móviles fuera de servicio”.


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