El Gobierno no pedirá prorrogar la emergencia pública y apuesta al nuevo Congreso para avanzar con su agenda

El Gobierno nacional planea no solicitar la prórroga de la emergencia pública, medida bajo cuyo paraguas el Poder Ejecutivo pudo avanzar en la derogación y modificación de miles de normas desde el inicio de la gestión de Javier Milei. La decisión se sustenta en la confianza del oficialismo en la próxima conformación del Congreso, donde espera contar con el respaldo necesario para continuar su programa de reformas sin facultades extraordinarias.

Emergencia pública: el decreto del ejecutivo para realizar reformas sin que pasen por el parlamento

La emergencia pública fue establecida a través del Decreto 70/2023, que habilitó al Ejecutivo a desregular sectores de la economía y eliminar regulaciones consideradas perjudiciales. Estas facultades vencerán el próximo 31 de diciembre, fecha que para el Gobierno marca un cambio de etapa: desde 2026, los cambios normativos deberán realizarse mediante leyes aprobadas en el Parlamento.

En su despacho, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, instaló un cartel con una cuenta regresiva que culmina precisamente el 31 de diciembre de 2025. Con la caída de la emergencia, el Gobierno tendrá 29 días hábiles desde el próximo lunes para avanzar con las últimas modificaciones por decreto. Después de esa fecha, cualquier eliminación normativa requerirá tratamiento legislativo.

A diferencia de años anteriores, el proyecto de Presupuesto 2026 no solicita ni la renovación de la emergencia pública ni nuevas facultades delegadas, lo que confirma la estrategia institucional de encarar las reformas a través del Congreso.

Confían en la nueva conformación del congreso

El oficialismo sostiene que la nueva correlación de fuerzas legislativas le permitirá avanzar con su agenda. Con el ingreso a La Libertad Avanza de tres diputados de La Liga del Interior, el bloque libertario alcanzará 91 bancas propias, a las que se suman los apoyos del PRO y la UCR, socios parlamentarios en los principales debates del último año y medio.

Con esta estructura, el Gobierno considera que tendrá número suficiente para bloquear cualquier intento de la oposición de insistir en la derogación de decretos, especialmente aquellos en vigencia que puedan quedar sujetos a revisión legislativa.

Desde diciembre de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2025, el Ministerio de Desregulación eliminó o modificó 1.384 normas, de las cuales 78 fueron restituidas por el Congreso. A nivel de articulado, el Gobierno suprimió o modificó 10.038 artículos legislativos, aunque 426 volvieron a regir por decisión parlamentaria.

Aunque el Gobierno no planea abandonar la orientación desregulatoria que caracterizó sus primeros dos años, el próximo paso será sostener ese programa dentro de las reglas parlamentarias tradicionales. La apuesta libertaria es clara: que el Congreso sea ahora el escenario principal de la transformación del Estado y la economía.