El Senado acelera la citación de Manuel Adorni mientras persisten las dudas sobre su declaración patrimonial

El oficialismo busca destrabar un conflicto institucional que se profundizó en los últimos días y acelera las gestiones para fijar una fecha en la que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, concurra al Senado a presentar su informe de gestión, una obligación establecida por la Constitución Nacional que permanece incumplida desde su asunción en noviembre de 2025.

Manuel Adorni enfrenta presión política para dar explicaciones en el Senado

La iniciativa será impulsada por la senadora Patricia Bullrich durante la reunión de Labor Parlamentaria convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel para el miércoles 17 de junio. El objetivo es descomprimir la creciente presión de la oposición y garantizar el desarrollo de la sesión prevista para el jueves 18, que incluye proyectos considerados prioritarios para el Gobierno.

El reclamo tiene sustento constitucional. El artículo 101 establece que el jefe de Gabinete debe concurrir al menos una vez por mes a cada una de las cámaras del Congreso para informar sobre la marcha de la administración nacional. Sin embargo, Adorni todavía no compareció ante el Senado desde que asumió el cargo, situación que despertó cuestionamientos de bloques opositores y también de sectores dialoguistas como la UCR y el PRO.

La propia Villarruel remarcó la necesidad de regularizar esa situación al convocar a los jefes de bloque y recordar que la obligación constitucional continúa pendiente. El último antecedente de una presentación de este tipo fue el 26 de junio de 2025, cuando el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expuso ante la Cámara alta.

La presión política se intensificó luego de la difusión de la declaración jurada patrimonial de Adorni, que generó controversia por la incorporación tardía de 500.000 dólares que no habían sido informados previamente. Las explicaciones brindadas por el funcionario no lograron disipar las dudas y distintos bloques impulsaron pedidos para que comparezca ante el Congreso e incluso evaluaron mecanismos de mayor alcance parlamentario.

En ese contexto, el analista político Sebastián Dumont consideró que el episodio dejó seriamente comprometido el futuro político del jefe de Gabinete. A su juicio, las explicaciones públicas «dejaron mucho que desear» y, aun cuando la situación pudiera resolverse favorablemente en el plano judicial, el costo político ya estaría consolidado.

Dumont sostuvo además que la controversia debilitó las posibilidades de Adorni de proyectarse como una de las principales figuras de La Libertad Avanza, incluso en una eventual candidatura a la Jefatura de Gobierno porteña. Según el analista, el tema perdió intensidad en la agenda pública, aunque eso no implica que haya desaparecido de la valoración social.

Las dudas también alcanzaron el plano técnico. El especialista en inteligencia artificial y negocios digitales Mario Agustín Giménez afirmó que la explicación de Adorni sobre el origen de su crecimiento patrimonial mediante inversiones en bitcoin es «técnicamente posible», pero sostuvo que los números conocidos públicamente no respaldan esa versión.

Giménez señaló que las operaciones difundidas corresponden a movimientos realizados entre 2017 y 2018 y que, de haberse efectuado una inversión de 200.000 dólares en 2014, las ganancias habrían sido muy superiores a las declaradas. Además, recordó que tanto las transferencias bancarias como la blockchain dejan registros permanentes, por lo que la reconstrucción de la operatoria sería verificable si se exhibieran las direcciones de las billeteras utilizadas.

Mientras el oficialismo intenta encauzar el conflicto institucional y garantizar el funcionamiento del Senado, la posible comparecencia de Adorni aparece como una instancia clave para responder tanto por el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales como por las preguntas que persisten sobre la evolución de su patrimonio.

Con información de NA