El panorama del Súper RIGI en el Congreso: aliados piden cambios y el proyecto volvería a Diputados
El oficialismo quiere destrabar el proyecto que promete atraer inversiones por más de US$ 1.000 millones antes de que finalicen las sesiones ordinarias, y la jefa de bancada libertaria, Patricia Bullrich, ya validó algunos cambios al texto.
A menos de un mes y medio para que finalicen las sesiones ordinarias, el Gobierno nacional hará un último intento para destrabar el Súper RIGI en el Senado de la Nación. Este ambicioso régimen busca fomentar grandes desembolsos y traccionar inversiones por más de US$ 1.000 millones destinadas exclusivamente a las industrias «del futuro». La definición final de la letra chica se encuentra actualmente en manos del Ministerio de Economía, la cartera que comanda Luis Caputo, desde donde ya piensan una contrapropuesta para acercar posiciones con los bloques dialoguistas.
La parálisis en la discusión legislativa, que mantiene el expediente frenado desde comienzos del mes pasado, se produjo tras el pedido formal de tres senadores clave para modificar el articulado. Según corroboró eInfobae, ya apareció una nueva propuesta que se encuentra en pleno análisis y se espera que haya una decisión definitiva en los próximos días.
Los legisladores que levantaron el perfil y se encuentran estudiando el nuevo borrador oficial —el cual busca amortiguar la queja aunque no abarcaría la demanda aliada en su totalidad— son el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires), el peronista no K Carlos Espínola (Corrientes) y el jefe del PRO, Martín Goerling (Misiones).
Piden protección a los proveedores locales y un tope en el Súper RIGI
En concreto, Abad, Espínola y Goerling exigieron ampliar el término «precio/calidad» dentro de la ley para evitar favorecer las importaciones que hoy se expanden bajo el vigente RIGI, una situación que genera profunda preocupación en un puñado de provincias productivas. Los legisladores aliados solicitan que el valor de los potenciales insumos locales «no supere en más de un 15% el precio comparable de la oferta de origen extranjero» en igualdad de condiciones de contratación.
Para verificar la legitimidad de esta oferta, los senadores sugieren la creación de un canal institucional vinculante. El texto que proponen plantea que la eventual autoridad de aplicación establezca «un mecanismo de consulta con entidades empresarias representativas de los sectores productivos involucrados, a fin de verificar la existencia de proveedores locales con capacidad efectiva para atender los requerimientos del proyecto en condiciones competitivas de precio, calidad, cantidad, especificaciones técnicas y plazos de entrega, con carácter previo a determinar la inexistencia o insuficiencia de oferta nacional».
En tanto, la propuesta impone parámetros estrictos para definir qué se considera una oferta válida en el mercado interno: «A los efectos del cumplimiento de las obligaciones de adquisición local previstas en el presente Régimen, se considerará competitiva la oferta de un proveedor local cuando, cumpliendo condiciones equivalentes de calidad, especificaciones técnicas, cantidad y plazos de entrega, su precio no supere en más de un quince por ciento (15%) el precio comparable de la oferta de origen extranjero». Además, los aliados advirtieron en su documento que dicha comparación deberá «efectuarse sobre precios equivalentes puestos en destino, considerando todos los costos asociados a la importación y provisión del bien o servicio, conforme establezca la reglamentación».
El regreso a Diputados y el rumor de las extraordinarias
Más allá de los acuerdos que se puedan tejer en la Cámara alta para satisfacer las demandas de los bloques dialoguistas, lo que sí queda claro en el panorama legislativo es que el texto, de llegar al recinto y ser aprobado con estas modificaciones, deberá volver en segunda revisión a la Cámara de Diputados.
Mientras tanto, en la Casa Rosada insisten en consumar toda la agenda pendiente en un plazo de apenas 45 días. Por ese motivo, y de continuarse con los debates de varios articulados de peso que están en carpeta, en los pasillos del Congreso ya todos «huelen perfume a extraordinarias».
Esta extensión dependerá pura y exclusivamente del Ejecutivo, a quien le corresponde la potestad constitucional de convocar a esa instancia legislativa. No ocurre lo mismo en el universo de Balcarce 50, que tendría que aspirar a la magia para realizar su cometido a tiempo, aunque el Gobierno insiste con fervor y otras delicias en acelerar los tiempos de sanción.
El impacto en el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR)
Por otra parte, destrabar este conflicto normativo generaría un efecto dominó en el Senado. Un guiño del Gobierno en materia de importaciones encadenaría otra respuesta similar que iría al encuentro de la expectativa del jefe de la UCR en la Cámara alta, Eduardo Vischi (Corrientes).
El legislador radical aguarda un aval oficial al Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), un proyecto que contempla planes a partir de los US$ 12 millones destinados a las grandes empresas. La negociación está directamente atada porque su colega partidario Abad, el macrista Goerling Lara y el peronista Espínola sugirieron incorporar exactamente el mismo artículo de «precio/calidad» a dicho texto, un movimiento que terminó trabando también el avance de ese segundo expediente.
Comentarios