El STJ obliga a Catriel a entregar información pública sobre venta y regularización de lotes
La intendenta, Daniela Salzotto afirmó que ya se entregó la documentación solicitada y que el origen del conflicto es "responsabilidad de la gestión anterior que nunca respondió". Mientras tanto, el Tribunal fijó 30 días para cumplir con la entrega de la información faltante.
El Superior Tribunal de Justicia ordenó al municipio de Catriel brindar información vinculada a la venta y regularización de terrenos, tras constatar que un vecino realizó reiterados pedidos sin obtener respuestas completas.
Desde el Ejecutivo local, la intendenta Daniela Salzotto sostuvo que la situación responde a problemas heredados y aseguró ya haber aportado la información solicitada.
“Es una herencia que dejó la gestión anterior que nunca respondió”, afirmó la jefa comunal en diálogo con Diario RÍO NEGRO al referirse al origen del reclamo judicial y a la falta de documentación que motivó la intervención del máximo órgano provincial.
El caso se originó hace unos años atrás a partir de pedidos de información por parte de un ciudadano sobre un fraccionamiento urbano. Entre los puntos requeridos se incluyeron datos sobre la promulgación de una ordenanza, su publicación oficial y la existencia de “registros de compraventa y escrituras de los lotes”, que según el STJ no fueron remitidos en sede administrativa.
El STJ cuestionó respuestas incompletas del municipio de Catriel
Si bien la gestión actual entregó la información solicitada a la administración anterior, el Tribunal consideró acreditado que existieron “presentaciones reiteradas sin respuesta” y que la vía elegida resultaba adecuada frente al silencio estatal.
Al analizar la documentación aportada por el municipio, los jueces advirtieron que la contestación fue parcial. En el fallo se señala que “no se acompañaron constancias sobre la promulgación ni la publicación de la norma consultada”, y que la copia presentada “no contó con certificación y no incluyó anexos relevantes”.
También se remarcó que “no se remitieron los registros de ventas ni documentación vinculada a las escrituras”, pese a que el propio Ejecutivo reconoció la existencia de esos archivos. Incluso se mencionó la presencia de “operaciones de compraventa que no cuentan con formalización o registración administrativa”.
El Superior Tribunal de Justicia ordenó al municipio entregar la información solicitada en un plazo de treinta días hábiles. En caso de no poder cumplir, deberá informar y acreditar ante el propio Tribunal las razones que lo impidan.
Salzotto atribuyó el conflicto a la gestión anterior
Tras conocerse la sentencia, la intendenta Daniela Salzotto defendió la actuación de su administración y apuntó a irregularidades heredadas. “Es una herencia que dejó la gestión anterior de Carlos Jonhston que nunca respondió”, sostuvo.
La jefa comunal aseguró además que su gestión remitió la información disponible cada vez que fue requerida. “Nosotros mandamos todo cuando se nos solicitó; si falta algo es porque no lo publicó el gobierno anterior”, indicó.
En esa línea, agregó que existen pendientes que ahora deben ser revisados por el actual equipo. “Hay faltantes que debían haber hecho la gestión anterior de JSRN y que ahora nosotros tenemos que ver cómo resolver”, expresó.
El pronunciamiento judicial encuadró el caso dentro del régimen constitucional de acceso a la información pública y recordó que cualquier persona puede solicitar datos “sin necesidad de acreditar interés directo”. Asimismo, advirtió que la falta de respuesta, el suministro incompleto o la obstaculización constituyen incumplimientos que habilitan la intervención de la Justicia.
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