Estafa con planes sociales: diputados piden más explicaciones y regular la asistencia vía ley
Bloques opositores de Neuquén presentaron un proyecto para unificar la asistencia bajo un solo programa, con un monto atado al salario mínimo. También ingresaron un pedido de interpelación contra el ministro Abel Di Luca para que explique el rol de Desarrollo Social en la millonaria estafa.
El Frente de Todos quiere una ley que unifique la ayuda social que otorga la provincia. Foto: archivo Matías Subat.
Tras varias semanas de jugar de espectadores, diputados de la oposición comenzaron a mover fichas en Neuquén frente a la millonaria estafa con planes sociales de la provincia que investiga la justicia. Las medidas incluyen un pedido de interpelación para el ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, y un proyecto de ley que busca transformar la actual asistencia social en un programa con mayores regulaciones y transparencia en la asignación de recursos.
Como informó RÍO NEGRO, los programas que administra el gobierno son de difícil trazabilidad, la decisión sobre el monto que recibe cada beneficiario es discrecional y tampoco es claro qué requisitos deben cumplir para recibirlo. De enero a agosto, el Ejecutivo ya transfirió al ministerio más de 1.918 millones de pesos para que destine al Subsidio provincial para la Desocupación Laboral, el Subsidio Social Transitorio y los planes de Familia (Protección Integral de Niñez y Adolescencia, los de Protección Integral al Adulto y la Familia y los de Protección Integral al Adulto Mayor).
El proyecto que presentó el Frente de Todos con la firma de seis de sus miembros crea el programa «Neuquén Trabaja» con el objetivo de reemplazar los existentes. «Las denuncias que han tomado estado público, y se encuentran en etapa de investigación judicial, establecen como primer rasgo distintivo, que no existe un importe fijo, equivalente y público en la asignación del monto de los mismos», evaluaron.
Señalaron que «tampoco son de dominio público las condiciones de ingreso, permanencia y egreso» de los beneficiarios, por lo que evaluaron necesaria la creación de un programa único con un ingreso establecido por ley.
El monto propuesto sería equivalente al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil, actualizable según sus mismos parámetros. Los diputados propusieron que pueda cobrarse junto con la AUH u otros planes similares, pero con la exigencia de que los titulares del programa participen de proyectos socio-productivos; de terminalidad educativa; en proyectos socio-comunitarios; o en instancias de formación y capacitación.
«La finalidad del programa Neuquén trabaja es promover la inclusión social plena y mejorar los ingresos de las personas que están en situación de alta vulnerabilidad para que alcancen la autonomía económica», fundamentaron.
Pedido de interpelación a Di Luca
En forma paralela, el bloque de Juntos por el Cambio presentó un pedido de interpelación contra el ministro Di Luca. La medida busca que el funcionario diga «qué papel desempeñó la cartera ministerial que encabeza ante la utilización y cobro indebido de planes sociales por parte de personal del organismo».
Otro similar presentó ayer Soledad Martínez del Frente de Todos, con el acompañamiento solo de Lorena Parrilli.
En el recinto ya había fracasado un pedido de informes al ministerio luego de que el MPN bloqueara la iniciativa con la ayuda del kirchnerismo, en una sesión donde la legisladora había estado ausente.
La Fiscalía de Estado ya es querellante en la causa penal
La fiscalía de Estado se presentó como querellante en la causa en la que se investiga la estafa con planes sociales de Desarrollo Social, cometida con tarjetas de débito del Banco de la Provincia de Neuquén. La presentación se concretó el 1 de septiembre, confirmó ayer el fiscal de Estado, Raúl Gaitán, ante una consulta de RÍO NEGRO.
La intervención del organismo que representa los intereses del Estado se debe a que hay fondos del erario público comprometidos.
El monto estimado es de 123 millones de pesos, pero podría ser superior, y su destino por ahora es una incógnita.
En su carácter de querellante, la fiscalía de Estado puede impulsar la investigación, ofrecer pruebas, medidas de investigación, presentar testigos y documentación.
Por ahora el peso de la pesquisa lo lleva la fiscalía de Delitos Económicos a cargo del fiscal Marcelo Silva, supervisado por el fiscal jefe Pablo Vignaroli.
La semana pasada hubo 11 allanamientos simultáneos en los que se secuestraron 30 dispositivos electrónicos, cuyo contenido se está analizando.
Escuchá la entrevista a la diputada provincial Soledad Martínez en «Vos a Diario» por RN RADIO:
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