Financiamiento universitario: este viernes vence el plazo para que el gobierno de Javier Milei cumpla con la ley
Si bien habían anticipado que iban a apelar en contra, desde Casa Rosada ven poco probable un fallo a favor y se preparan para cumplir con lo que sancionó el Congreso, aunque advierten que volverá el déficit fiscal. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es el encargado de reunir y pagar $2,5 billones a la educación superior.
El Gobierno nacional se encuentra frente a un reloj de arena judicial. Este viernes a las 9.30 horas vence el plazo para que el gobierno de Javier Milei acate el fallo que confirma la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario. Ante un escenario que en Casa Rosada ya leen como adverso, el oficialismo advierte que el acatamiento de la norma tendrá un impacto directo en las arcas del Estado: el costo estimado es de 2,5 billones de pesos y desde la administración libertaria aseguran que esto implicará volver al déficit fiscal.
«Hoy en día no vamos a pagar porque realmente no tenemos la plata», revelaron fuentes del Ejecutivo a Infobae.
Ante esta encrucijada, la responsabilidad financiera recae de lleno en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien como encargado de redistribuir las partidas presupuestarias deberá encontrar la ingeniería contable para conseguir y dosificar el pago de estos fondos a las universidades nacionales.
Para evitar cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno recurrirá a la CSJN
Sin demasiadas esperanzas, el Gobierno jugará su última carta en la Justicia mediante un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El objetivo central del oficialismo es que el máximo tribunal le conceda un «efecto suspensivo» a la medida mientras analiza la cuestión de fondo.
«Es altamente improbable que nos lo concedan», admitió una fuente de altísimo rango gubernamental al medio ya citado.
Según explicaron especialistas judiciales, en el ínterin procesal entre la presentación y la resolución del recurso, se genera un «limbo» que obliga al Gobierno a cumplir la medida cautelar y comenzar a transferir los fondos exigidos desde este mismo viernes.
En el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) coinciden con esta lectura y, en caso de no haber suspensión, exigen que se llame a paritarias de forma inmediata para actualizar salarios.
Qué exige la Ley de Financiamiento Universitario
La medida cautelar, ratificada en primera instancia y por la Cámara Contencioso Administrativo Federal, exige que el Estado cumpla de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley sancionada por el Congreso y cuyo veto presidencial fue posteriormente revertido por la oposición. Las claves de la exigencia son:
- Recomposición salarial: actualización de los sueldos para docentes y nodocentes de las universidades públicas, cubriendo el desfase inflacionario desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley en septiembre de 2025.
- Becas estudiantiles: la recomposición y actualización de todos los programas de becas destinados a los estudiantes de la educación superior.
El impacto de la licuación salarial y las tensiones internas
La presión judicial llega en un momento crítico para el sector educativo. Según un informe reciente del CIN, las transferencias a las universidades nacionales acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026.
La situación es especialmente dramática en los ingresos de los trabajadores, rubro que abarca la mayor parte del presupuesto universitario. Desde la asunción de Milei, los salarios universitarios subieron un 158%, mientras que la inflación acumulada alcanzó un 280%. Esto representa una brutal pérdida del poder adquisitivo del 32%, equivalente a perder aproximadamente 7,3 salarios mensuales desde noviembre de 2023.
Ante la demora del Gobierno en aplicar los fondos presupuestarios, la comunidad universitaria ya diagramaba una nueva marcha nacional para presionar al Ejecutivo.
En medio de este tenso clima, puertas adentro del Gobierno también hay ruidos: varios funcionarios consideran que el rol del secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ha sido insuficiente para contener y confrontar la crisis con las casas de estudio.
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