Las claves de la Ley de Tierras que debate el Senado y los cambios de último momento: qué dice el proyecto
La Cámara alta trata este jueves el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que reforma la normativa de 2011. El nuevo texto elimina límites de hectáreas para extranjeros y delega en las provincias y la Nación las excepciones bajo un polémico régimen de aprobación automática.
Congreso de la Nación.
El Senado de la Nación reactiva su actividad parlamentaria con un debate de fuerte impacto sobre la administración territorial y los recursos naturales del país. Tras semanas de parálisis legislativa, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) busca aprobar y girar a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa clave del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que modifica las normativas vigentes sobre el suelo rural.
La iniciativa, que ya cuenta con dictamen de mayoría desde el pasado 20 de mayo, debió atravesar un récord de 13 borradores sucesivos para incorporar los reparos planteados por los bloques aliados (el PRO y la UCR) y representantes de diferentes fuerzas provinciales.
El texto final introduce cambios sustanciales sobre la actual regulación de tierras rurales, una normativa sancionada en 2011 que limitaba la adquisición de parcelas por parte de inversores extranjeros.
¿Qué establece la Ley de Tierras vigente?
Para entender el alcance de la reforma, es necesario repasar los límites que fija la legislación actual (Ley Nº 26.737), sancionada en el año 2011 con el objetivo de preservar la soberanía sobre los recursos naturales:
- Tope general: las personas físicas o jurídicas extranjeras no pueden poseer en conjunto más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental.
- Límite por nacionalidad: dentro de ese porcentaje global, los titulares de una misma nacionalidad no pueden superar el 30% de la superficie extranjerizada (lo que equivale a un tope del 4,5% del territorio total).
- Restricción de superficie: un único titular extranjero tiene prohibido adquirir más de 1000 hectáreas en la denominada «zona núcleo» o su superficie equivalente en el resto de las regiones del país.
- Cuerpos de agua y fronteras: está expresamente prohibida la venta de campos que contengan cuerpos de agua permanentes de importancia (ríos, lagos, glaciares) o que se encuentren localizados en zonas de seguridad de frontera.
¿Qué propone la nueva reforma de la Ley de Tierras que se tratará en el Senado?
El proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo propone «levantar las restricciones generales a la adquisición de tierras rurales por extranjeros». Según argumentó el vocero presidencial, Adrián Ravier, el objetivo es afianzar la propiedad como un derecho inalienable para atraer inversiones productivas y revertir décadas de inseguridad jurídica en el mercado inmobiliario rural.
La nueva normativa se estructura bajo las siguientes premisas:
- Inversores privados: se eliminan los topes generales de hectáreas y porcentajes para los adquirentes privados de origen extranjero.
- Estados extranjeros: se mantiene la prohibición para que otros países compren tierras en el territorio nacional de forma directa.
- Empresas estatales extranjeras: tampoco podrán adquirir campos las sociedades que cuenten con participación estatal de otros países, salvo que obtengan una autorización conjunta de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo Nacional.
La letra chica: el «silencio positivo» y las zonas de frontera
El punto más debatido de la reforma —y que terminó de redactarse en la versión número 13 del dictamen— es la metodología para tramitar las excepciones en zonas de seguridad de frontera y para empresas con participación estatal extranjera.
La ley establece que estas solicitudes se regirán por el principio de silencio administrativo positivo (artículo 10 de la Ley Nº 19.549 de Procedimientos Administrativos). Esto significa que si la provincia donde se ubica el campo o el Poder Ejecutivo Nacional no emiten un rechazo formal y explícito dentro de los plazos legales, la falta de respuesta de la administración se interpretará automáticamente como una autorización concedida.
Con estos cambios consensuados con la oposición aliada, la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, se encamina a buscar la media sanción de la ley, abriendo un nuevo marco legal para el mercado de tierras en todo el país.
El Senado de la Nación reactiva su actividad parlamentaria con un debate de fuerte impacto sobre la administración territorial y los recursos naturales del país. Tras semanas de parálisis legislativa, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) busca aprobar y girar a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa clave del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que modifica las normativas vigentes sobre el suelo rural.
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