Plan Castello: legisladores opositores piden un balance de sus construcciones y los fondos recibidos
Un pedido de informes presentado en la Legislatura vuelve a poner bajo análisis las obras del Plan Castello, el programa de infraestructura que Río Negro puso en marcha en 2017, y cuyas inversiones fueron cerradas en 2025.
La sede del Ipross, una de las obras del Plan Castello proyectadas en Viedma, fue culminada a fines de 2025. Foto: Marcelo Ochoa
Un pedido de informe vuelve a poner bajo análisis el programa de infraestructura aprobado en 2017, que permitió la emisión del bono Castello por US$ 300 millones en rutas, redes eléctricas, saneamiento, gasoductos, riego y obras de desarrollo.
A más de nueve años de su concreción, el fondo fiduciario ya agotó sus recursos, pero todavía con obras pendientes y la Provincia continúa pagando el endeudamiento que permitió inaugurar más de dos decenas de obras.
Un nuevo pedido de informes
El planteo legislativo firmado por la legisladora Gabriela Picotti, con acompañamiento de otros miembros de la bancada Cambia Río Negro, busca precisar qué ocurrió con los proyectos que integraban el programa de infraestructura aprobado por la Ley 5201 y qué destino tuvieron los fondos previstos para ejecutarlos.
Entre los puntos centrales del pedido se encuentran la situación de obras de desarrollo como los edificios proyectados en Viedma para Prozome (Laboratorio Público de Producción Zonal de Medicamentos) y el Ministerio de Educación, que figuraban en el listado original con asignaciones de US$ 4 millones y US$ 1,5 millones, respectivamente.

En los fundamentos del proyecto también se señalan obras que fueron interrumpidas, requiriendo de nuevas contrataciones para completarse, tales como el edificio central del Ipross en Viedma y del Complejo Judicial de Cipolletti.
En este sentido, algunos de los cuestionamientos no se limitan a su concreción, sino a establecer los presupuestos establecidos originalmente en relación con el costo final y origen de los recursos.
Un plan original y obras de distintas áreas
El Plan Castello fue aprobado en 2017 mediante la Ley 5201, con una autorización de endeudamiento de hasta US$ 580 millones para financiar obras de infraestructura en Río Negro, de los cuales, el bono emitido llegó a los US$ 300 millones, una diferencia que ya en 2017 obligó al Gobierno a revisar las prioridades y postergar algunas iniciativas.
De acuerdo al Anexo I de la Ley, las inversiones originales se concentrarían en cinco grandes rubros. Las obras viales concentraban la mayor partida, con US$ 176 millones; les seguían las obras de desarrollo, con US$ 137 millones; las eléctricas, con US$ 107 millones; las hídricas y de saneamiento, con US$ 102 millones; y el financiamiento para obras municipales, con US$ 58 millones.
Entre los proyectos de mayor magnitud figuraban el Gasoducto de la Región Sur, presupuestado en US$ 47 millones, y la construcción del Parque Productivo Tecnológico Industrial de Bariloche, con US$ 30 millones, que en la actualidad cuenta con 22 obras particulares en marcha y casi 30 mil metros cuadrados en ejecución.
Además de la pavimentación en la Ruta provincial 4 y Ruta 2, por más de US$ 40 millones cada una, y planes cloacales en doce localidades por un total de US$ 90 millones.
La deuda continúa, aunque el saldo del bono se redujo
De acuerdo a los datos oficiales, el fondo fiduciario cerró en 2025 ante la falta de fondos, con 23 obras inauguradas, una infraestructura de riego paralizada y dos obras cloacales que se proyectaba culminar con recursos provinciales.
En este sentido, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, le confirmó al diario RIO NEGRO que los últimos fondos del plan fueron invertidos en la culminación del Ipross, durante la entrevista realizada en agosto del año pasado.
Pese al cierre del fondo, la deuda persiste, por lo que la provincia continúa con pagos semestrales de US$ 35,5 millones, más un componente de intereses que va bajando en cada vencimiento y oscila entre el 3% y el 31%.
De este modo, el último pago registrado fue en septiembre de este año, siendo la sexta cuota de las nueve proyectadas hasta marzo de 2028, para culminar con la refinanciación del esquema que en 2021 fue cerrado en US$ 320 millones, tras la suspensión de pagos por la pandemia.
La discusión que reabre el pedido de informes apunta ahora a precisar cómo se ejecutó el programa, qué obras quedaron sin concretarse y cuánto terminó costando completar aquellas que tuvieron demoras.
Un pedido de informe vuelve a poner bajo análisis el programa de infraestructura aprobado en 2017, que permitió la emisión del bono Castello por US$ 300 millones en rutas, redes eléctricas, saneamiento, gasoductos, riego y obras de desarrollo.
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