Proyecto Sea Lion: la petrolera británica confirmó que extraerá crudo en 2028 y desestimó el ultimátum de Milei
La compañía Rockhopper aseguró ante la Bolsa de Valores de Londres que cuenta con el "firme respaldo" del Reino Unido para avanzar con sus operaciones en el mar argentino. La declaración ocurre días después de que la Casa Rosada amenazara con llevar el reclamo al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
A pesar de las recientes intimaciones impulsadas por el gobierno de Javier Milei, la empresa británica Rockhopper Exploration ratificó de manera formal que tiene previsto extraer petróleo en las Islas Malvinas durante el primer trimestre de 2028. La petrolera argumentó que el proyecto hidrocarburífero Sea Lion avanza según el cronograma establecido debido a que cuentan con el «continuo y firme respaldo» del Reino Unido y de las autoridades isleñas.
La respuesta de la compañía con base operativa en el Atlántico Sur se conoció a través de un informe semestral oficial presentado este miércoles ante la Bolsa de Valores de Londres (LSE). Este reporte se transformó en el primer documento regulatorio de la firma que menciona de forma explícita las intimaciones lanzadas por la actual gestión nacional y descarta su impacto sobre las operaciones en curso.
Rockhopper, que posee el 35% de participación en Sea Lion frente al 65% que administra la firma israelí Navitas Petroleum, reconoció ante sus inversores que las declaraciones del Gobierno argentino generaron «un período de mayor atención mediática y política». Sin embargo, el director ejecutivo de la petrolera, Sam Moody, detalló que tanto desde Londres como desde el archipiélago respondieron a los reclamos al calificar las medidas nacionales como «ilegítimas y sin justificación legal».
El cronograma de extracción de la petrolera británica en Malvinas
«El primer petróleo sigue teniendo como objetivo el primer trimestre de 2028, y la adquisición por parte de Navitas del buque OSX-1 FPSO para acelerar el Área de Desarrollo Central impulsó un aumento significativo en la valoración independiente de nuestra participación», explicó Moody en el informe bursátil.
A nivel contable, la empresa precisó que en el primer semestre de 2026 registró una pérdida antes de impuestos de 3 millones de dólares, una cifra considerablemente menor a los 51,4 millones de dólares del mismo período del año anterior. A su vez, la compañía reportó una recaudación de 180 millones de dólares mediante nuevas acciones ordinarias y otros 20 millones de dólares a través de una oferta abierta, un ingreso de capital que los deja «totalmente financiados» hasta la fase extractiva.
El desarrollo extractivo se ejecuta a unos 220 kilómetros al norte de las islas. La primera de las tres fases iniciales, financiada y aprobada a fines de 2025 por un monto de 1.170 millones de dólares, contempla la apertura de 11 pozos petroleros.
Según lo reportado, la perforación comenzará a principios de 2027 y la producción recaerá sobre la plataforma flotante Aoka Mizu, con capacidad operativa de hasta 55.000 barriles diarios. Para las etapas posteriores en el Área de Desarrollo Central (que sumarán un total de 38 pozos), Navitas prevé iniciar la extracción hacia fines de 2030 con el buque OSX-1, capaz de procesar unos 125.000 barriles por día.
El ultimátum de la Casa Rosada y el historial de rechazos
La confirmación operativa de la compañía británica se produce apenas días después de que la administración de Javier Milei instruyera a la Cancillería a iniciar el procedimiento de arbitraje establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) e intimó al Reino Unido a detener las actividades vinculadas al proyecto en un plazo perentorio de 14 días.
En caso de no obtener una respuesta favorable, el Ejecutivo advirtió que acudirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) para requerir medidas provisionales de preservación soberana. Esta maniobra jurídica contó con el consejo estratégico del letrado Marcelo Kohen y de la recientemente fallecida embajadora Susana Ruiz Cerutti, y se sustenta en las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de la ONU.
El avance de las operaciones en la plataforma continental acumula un rechazo sistemático por parte del Estado nacional a lo largo de los últimos años. En 2022, el entonces secretario de Malvinas, Guillermo Carmona, y el secretario de Energía, Darío Martínez, emitieron una resolución para inhabilitar a Navitas Petroleum LP por operar bajo «licencias ilegales» otorgadas por la administración isleña, en abierta infracción a la Ley 26.659.
Estas acciones punitivas registran antecedentes directos en 2012, con la inhabilitación a cinco empresas, y en 2015, con la declaración de ilegalidad sobre otras dos firmas vinculadas a la exploración británica.
Asimismo, Cancillería argentina sacó un comunicado en el 2020 en el que informaba que la empresa Chrysaor Holdings Limited alcanzó un acuerdo de fusión con la empresa Premier Oil PLC, la cual fue inhabilitada en el año 2013 por ser titular de licencias otorgadas por el ilegítimo gobierno isleño, dando lugar a la firma “Harbour Energy Plc”.
A esto, ya se había sumado en la lista a Rockhopper Exploration, cuando había anunciado que junto a Premier Oil Exploration and Production Limited (“Premier”) habían firmado un Acuerdo con Navitas Petroleum para obtener una participación del 30% en el proyecto Sea Lion.
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