Sin límite de ingresos ni patrimonio: qué cambia con la nueva Ley de Inocencia Fiscal que se aprobó en el Senado
Con 44 votos a favor y 23 en contra, el Senado sancionó la ley que modifica el régimen de procedimientos tributarios e implementa un sistema simplificado para la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias.
Con 44 votos a favor y 23 en contra, el Senado convirtió en ley el proyecto para incentivar la salida de «los dólares del colchón». La iniciativa modifica el régimen de procedimientos tributarios e introduce una modalidad simplificada para la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias.
La propuesta surgió tras los cuestionamientos técnicos planteados por contadores y tributaritas sobre la normativa vigente desde fines de diciembre de 2025. Al respecto, el ministro de Economía, Luis Caputo, promovió la redacción del nuevo texto luego de reunirse con profesionales del sector, quienes advirtieron sobre las dudas que frenaban la adhesión de los contribuyentes. Previamente, la medida había recibido la aprobación de la Cámara de Diputados antes de su sanción definitiva en la Cámara Alta.
Qué cambia con la nueva Ley de Inocencia Fiscal
El nuevo Régimen de Inocencia Fiscal incorpora beneficios para los contribuyentes de mayores ingresos al adherirse al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, ya que elimina las restricciones de acceso vigentes.
Según explicó el Gobierno, la propuesta elimina los topes patrimoniales y de ingresos exigidos hasta ahora para personas humanas y sucesiones indivisas residentes, fijados actualmente en $1.000 millones y $10.000 millones, respectivamente.
Por otro lado, la iniciativa prohíbe la utilización de este esquema a los funcionarios públicos en ejercicio y a quienes hayan ocupado cargos en los últimos cinco años.
Asimismo, se redefinió el concepto de «discrepancia significativa», criterio que determina cuándo la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede impugnar una declaración simplificada. Se considerará como tal a cualquier diferencia que implique un aumento del impuesto o una reducción de quebrantos de al menos 15%. Sin embargo, el organismo solo investigará cuando dicho monto sea superior a $5 millones; por lo tanto, si la diferencia resulta menor a esta cifra, aun si supera el 20%, no habrá sanciones.
Finalmente, el proyecto fija la bancarización obligatoria de todas las operaciones -exceptuando la compraventa de inmuebles hasta 2027- y contempla la reducción de multas para quienes se sumen al régimen simplificado.
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