Tras horas de tensión en el IUPA de Roca, anularon la primera sesión del Consejo Superior
Hubo protestas y cambios de sede de la primera reunión de los consejeros. El oficialismo y los representantes gremiales definieron dejar sin efecto lo resuelto durante la jornada. Anticipan denuncias por "disturbios y situaciones violentas".
Escenas de tensión se vivieron en el edificio del IUPA y en el hotel de la Fundación Cultural Patagonia en medio de intentos de realizar la primera sesión del Consejo Superior del Instituto Universitario Patagónico de las Artes para definir al rector.
Tras horas convulsionadas tanto adentro como afuera de la fundación, la primera sesión del Consejo Superior del IUPA fue finalmente anulada. Según se dejó asentado, la reunión había sido formalmente inaugurada y se habían realizado deliberaciones previas que quedaron registradas en acta. Sin embargo, en el marco de las manifestaciones impulsadas por estudiantes y las agrupaciones sindicales Adiupa y Sitraiupa, y a pedido de estos sectores, se resolvió dejar sin efecto lo actuado.
La medida implicó anular la deliberación, las decisiones adoptadas y el acta de conformación del Consejo Superior. El documento fue firmado por una parte de los consejeros electos -la otra parte no pudo ingresar a la sesión-, directores de departamento y el rector Gerardo Blanes.
Tras la resolución del acta, el sector del oficialismo salió de la Fundación escoltados por la policía ante la presencia de los manifestantes que se encontraban aún fuera del establecimiento.
Tensión en el inicio de la reunión del Consejo Superior del IUPA
Una primera convocatoria a sesionar era para las 8 de este lunes en el edificio del IUPA, específicamente en el aula SET, pero los consejeros opositores denunciaron que el lugar fue modificado y trasladado al Hotel de Fundación Cultural Patagonia sin previo aviso, «nos avisaron por correo casi una hora después» afirmaron.
En este último lugar se generó un fuerte conflicto que incluyó la presencia del fiscal Gastón Britos Rubiolo y personal policial.
Según explicó Marcelo Vidal, representante de Sitraiupa, el fiscal se hizo presente tras el pedido del sector oficialista para mediar y «resolver la suspensión de la reunión, luego se retiró». Sin embargo, la sesión continuó con una fuerte presencia del estudiantado esperando afuera de la sala donde estaban debatiendo.
En medio, hubo intentos de los consejeros opositores -que se encontraban inicialmente en otro edificio- de ingresar a la reunión que se lleva adelante en la cocina de la fundación, sin embargo «no pudieron», según manifestaron.
Mientras tanto, comenzó a circular un acta firmada por el sector oficialista donde se definió a Gerardo Blanes como rector por mayoría, sin embargo, la misma fue cuestionada y anulada ante la ausencia de gran parte de los consejeros electos.
Para el cambio de lugar de la sesión, el sector oficialista de Blanes argumentó en el acta que la «medida de fuerza que afecta el normal funcionamiento del mismo, lo que imposibilitó la realización de la sesión en primera convocatoria«, por la protesta que llevaron adelante los gremios universitarios, estudiantes autoconvocados, CGT y CTA afuera del edificio.
Acusaciones cruzadas
Hay acusaciones cruzadas entre los sectores de Blanes y el opositor. El primero denuncia violencia de los manifestantes afuera del lugar y de allí la convocatoria al fiscal. Y los opositores reclaman que se tomó una decisión sin dejar participar a los consejeros que son opositores y con fuertes irregularidades durante todo el proceso electoral.
Estudiantes y docentes denunciaron la presencia y agresión por parte de personal ajeno a la institución durante la mañana. El docente y candidato electo por la Lista 10, Nicolás Martínez denunció haber sido golpeado y forcejeado. «Me violentaron, me rompieron mi ropa, me tiraron al piso y nunca pudimos ingresar a sesionar», sostuvo el consejero electo del departamento de audiovisuales.
A la par, representantes del oficialismo denunciaron agresiones por parte de los manifestantes y adelantaron que presentarán una denuncia ante la fiscalía por «disturbios y situaciones violentas».
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