Un proyecto reabre la discusión en Río Negro para que sean públicas las declaraciones juradas de sus funcionarios
Desde el 2001 la Provincia tiene una ley de Ética Pública, pero los registros patrimoniales de los jueces, legisladores y funcionarios de los poderes son confidenciales.
En la Legislatura ingresó un proyecto donde se propone modificar la Ley de Ética Pública de Río Negro, con el objetivo de ampliar la información patrimonial obligatoria, digitalizar las presentaciones y habilitar el acceso ciudadano -en forma online- a las documentaciones de los funcionarios públicos.
Actualmente, esa norma 3550 establece que las declaraciones juradas patrimoniales de los jueces, legisladores y funcionarios de los tres Poderes rionegrinos no son de acceso público y que deben mantenerse bajo confidencialidad.
El artículo 16 indica que el Tribunal de Cuentas “deberá preservar la confidencialidad” de esos datos y solamente habilita el acceso en casos excepcionales: a pedido del propio interesado, por requerimiento judicial, de comisiones investigadoras, organismos impositivos o de las máximas autoridades de cada poder respecto de funcionarios bajo su dependencia.
Pocos antecedentes
En los 25 años de la legislación, casi no hay requerimientos judiciales de apertura de los sobres de los funcionarios con sus declaraciones. El caso conocido se remonta al 2014 cuando la Justicia pidió la documentación del exministro Daniel Sartor por una causa de enriquecimiento ilícito, de la cual, luego, fue sobreseído.
El artículo 17 prevé que la publicación es voluntaria, es decir, que los funcionarios pueden “publicar sus remuneraciones y su declaración jurada patrimonial en el Boletín Oficial de la provincia”. Esa posibilidad solo fue utilizada por el exjuez del STJ, Luis Lutz, que en un período publicaba sus ingresos y el registro de su patrimonio.
Ahora, el proyecto presentado por el presidente del bloque del ARI, Javier Acevedo, apunta a modernizar el sistema vigente en Río Negro mediante la incorporación de herramientas digitales, la ampliación de los bienes alcanzados y la publicación online de las declaraciones de funcionarios provinciales.
Frente a la presente confidencialidad, la iniciativa del ARI propone avanzar hacia un esquema de publicidad activa, similar al que ya aplican otras jurisdicciones del país.
“La democracia se sustenta en un contrato implícito de confianza entre la ciudadanía y sus representantes y funcionarios públicos, y exige de estos una conducta ética, transparencia y honestidad en la administración de los fondos y asuntos públicos”, sostuvo Acevedo en los fundamentos de la iniciativa.
El texto de la modificación de la ley -que fue sancionada en el 2001- incorpora la obligación de declarar activos en criptomonedas, fideicomisos, fondos de inversión, como también, las participaciones comerciales o profesionales que puedan representar conflictos de intereses.
Las declaraciones juradas -según la iniciativa- deberán presentarse en formato digital y publicarse en las páginas web oficiales del Estado provincial para facilitar el control ciudadano sobre la evolución patrimonial de los funcionarios.
“Consideramos que es oportuno y necesario efectuar modificaciones a nuestra Ley N° 3550, a fin de modernizarla, despejar cualquier grado de opacidad dándole la mayor transparencia y facilitar a la ciudadanía el acceso a la información del estado patrimonial de los funcionarios públicos”, afirmó el legislador.
La propuesta obliga además a informar participaciones en sociedades, empresas, fundaciones y organizaciones, así como vínculos laborales, comerciales o profesionales mantenidos hasta dos años antes de asumir el cargo cuando puedan configurar incompatibilidades.
El Estado nacional permite el acceso a las declaraciones juradas de sus funcionarios. Acevedo consigna a Córdoba, Mendoza y CABA en los distritos que avanzaron para «fortalecer los mecanismos de transparencia y ampliar el acceso público a la información patrimonial».
“La publicidad adecuada de las declaraciones juradas no solo fortalece el control ciudadano, sino que también protege y respalda a los funcionarios honestos frente a sospechas infundadas”, señala el proyecto.
El texto contempla, sin embargo, resguardos sobre determinados datos sensibles vinculados a la seguridad personal y familiar de los funcionarios. Entre ellos, la ubicación exacta de inmuebles, números de cuentas bancarias y datos filiatorios de menores.
Finalmente, Acevedo consideró que la reforma puede contribuir “al fortalecimiento de la confianza pública, la calidad institucional y el vínculo entre la ciudadanía y las instituciones democráticas”.
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