Presión sobre Obama por el uso secreto de drones
La Justicia norteamericana dijo que su gobierno no puede ocultar la información de las operaciones.
Una corte federal estadounidense sentenció días atrás que la CIA no puede negarse a confirmar si posee información sobre las operaciones realizadas con drones (aviones robots), un golpe al secretismo que la agencia de inteligencia guarda entorno a estas misiones.
La Corte de Apelaciones de Washington estimó que la postura del gobierno no es justificable, ya que el propio presidente Barack Obama y uno de sus asesores han reconocido públicamente conocer detalles sobre ataques perpetrados con aviones teledirigidos contra rebeldes sospechosos de pertenecer a Al Qaeda.
La Agencia Central de Inteligencia (CIA) consideraba que no debía plegarse a una demanda sobre la libertad de información interpuesta por la ACLU (Sindicato Estadounidense sobre Libertades Civiles, por su sigla en inglés).
“La existencia o no existencia de registros de la CIA que respondan a esta pregunta es actualmente un dato correctamente clasificado, cuya revelación podría poner en peligro la seguridad nacional”, aseguró Mary Cole, analista del servicio clandestino de la CIA, en una carta enviada a la corte.
La decisión tomada por los tres jueces de la corte abre la vía a nuevas batallas judiciales sobre esta cuestión.
A la presión de las organizaciones de derechos humanos se han sumado en las última semanas, después de varios años de silencio, algunos miembros del Congreso, especialmente en la derecha del Partido Republicano, y los principales medios de comunicación, que han reconocido ahora que sabían desde hace meses la existencia de una base de drones en Arabia Saudita y lo silenciaron por razones de seguridad nacional.
La confirmación la pasada semana en el Senado del nuevo director de la CIA, Paul Brennan, fue el momento álgido de este debate, con la escena sorprendente de un senador próximo al Tea Party, Rand Paul, que habló durante trece horas consecutivas como muestra impactante de su deseo de bloquear el nombramiento hasta que la Casa Blanca diese explicaciones sobre el programa de drones.
El fiscal general, Eric Holder, envió una carta al Congreso en la que aseguraba que el presidente no está autorizado al uso de ese arma para matar a ciudadanos norteamericanos dentro del territorio de EE. UU., y recordaba que su utilización fuera de las fronteras de esta país está respaldado por un documento del Departamento de Justicia que sienta las bases legales necesarias.
Hasta ahora, las críticas han sido mayores entre la oposición conservadora, que entiende que el programa de drones justifica y continúa los métodos de la guerra contra el terrorismo puesta en marcha por el gobierno de George W. Bush, aunque también han surgido algunas protestas en las filas demócratas, no tanto por los drones sino por el secretismo de las operaciones. (AFP/elpais.com)
