Blanes confirmó que el Consejo Superior del IUPA se conformará según lo previsto pese a los reclamos

El proceso electoral del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) sumó un nuevo capítulo luego de que el bloque opositor presentara una denuncia penal en la Justicia federal vinculadas al desarrollo de los comicios y al escrutinio definitivo. Mientras tanto, desde la conducción institucional ratificaron que continuará el cronograma previsto para la normalización.

La presentación judicial fue impulsada por representantes de distintas listas y sindicatos docentes y no docentes. En el escrito, se plantean presuntas irregularidades en la conformación de padrones, en la organización de la votación en sedes del interior y en el procedimiento de escrutinio definitivo, entre otros aspectos vinculados al proceso electoral.

Consultado por Diario RÍO NEGRO, el rector Gerardo Blanes indicó que aún no fue notificado de la denuncia pero que «tiene conocimiento de la misma». Además, afirmó que pese a los reclamos la conformación del Consejo Superior seguirá el cronograma previsto y que los recursos administrativos o judiciales «seguirán sus vías correspondientes».

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La respuesta institucional y el avance del cronograma

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Desde la conducción del IUPA, el rector normalizador Gerardo Blanes señaló que no fue notificado formalmente por la Justicia respecto de la denuncia presentada y ratificó que el proceso de normalización continuará conforme al calendario institucional previsto.

“No vamos a parar los pasos hasta finalizar la normalización. El miércoles se retoman las clases y el 30 de marzo se conforma el Consejo con los consejeros electos de manera democrática tal como marca el estatuto”, afirmó. En ese marco, sostuvo que los planteos administrativos o judiciales que se presenten “seguirán su curso por carriles separados” y no modificarán las etapas institucionales ya establecidas.

Blanes también vinculó el conflicto con la lectura política de los resultados electorales y consideró que “hay que respetar la decisión de la mayoría que quiere estudiar tranquilo, parece que no logran asimilar que la agrupación que tenía más fuerza en el interior”. Asimismo, aseguró que desde la institución se brindaron herramientas a todas las listas para garantizar la participación en distintas localidades y facilitar la fiscalización por parte de las listas. “Les dimos todo a disposición para que lleguen al interior, desde afiches hasta camionetas para que puedan fiscalizar”, expresó.

En cuanto al clima interno, el rector manifestó que existe “voluntad para escucharlos y construir juntos”, aunque marcó diferencias con algunas medidas impulsadas por sectores estudiantiles y agrupaciones políticas. En ese sentido, advirtió que “vamos a poner un punto final a la tolerancia a actitudes que no van de la mano con las buenas prácticas de esta institución” y remarcó que, a su entender, “no se está reconociendo la voluntad de la mayoría que quiere cursar tranquilos”.

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Denuncia penal y cuestionamientos al proceso

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En la denuncia presentada por representantes de las listas Frente de Unidad La Pugliese, Visuales Independientes y Celeste y Blanca, junto a sindicatos docentes y no docentes Sitraiupa y Adiupa, señalaron que existieron “graves irregularidades que afectan de manera directa la validez, legalidad, transparencia y verificabilidad del proceso electoral”. Entre los puntos cuestionados, sostuvieron que durante el escrutinio definitivo “no se presentaron las urnas ni los votos correspondientes al acto electoral”, lo que, según indicaron, impidió realizar una verificación material del contenido.

Además, afirmaron que “no se pudo constatar la inviolabilidad de las urnas” ni efectuar un recuento efectivo de sufragios. También plantearon que “no se pudo verificar la condición de cada voto, esto es, su validez, nulidad u observación”, un aspecto que consideran central para determinar los resultados.

Otro de los cuestionamientos estuvo vinculado a la documentación remitida desde sedes del interior provincial. En ese sentido, señalaron que se detectaron “actas que carecen de identificación de autoridades de mesa” y otras con “uso de corrector que impide la correcta lectura de su contenido”, lo que, según la presentación, compromete la autenticidad de los registros.

Asimismo, los denunciantes sostuvieron que existieron divergencias entre las actas y los datos del sistema informático del escrutinio provisorio, sin posibilidad de contrastar esa información debido a la ausencia de urnas. Estas situaciones, indicaron, configuran “una situación de extrema gravedad institucional” al impedir verificar la correspondencia entre los votos emitidos, las actas labradas y los resultados proclamados.

En función de estos argumentos, solicitaron que se declare la nulidad del escrutinio definitivo y que se disponga un nuevo conteo “con exhibición de urnas, verificación de su integridad, apertura de las mismas y recuento de votos”, además de medidas para resguardar la legalidad y legitimidad del proceso. También dejaron expresa reserva de impulsar recursos administrativos y judiciales.