Los 5 cambios clave de la nueva Ley de Discapacidad que el Gobierno envió al Congreso

Tras el veto presidencial y la posterior ratificación legislativa de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Poder Ejecutivo contraatacó este fin de semana con el envío de una nueva iniciativa al Senado: la Ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez.

El proyecto, impulsado desde la Secretaría de Discapacidad, busca reformular integralmente el régimen de Pensiones No Contributivas tras detectar un crecimiento exponencial en el padrón durante las últimas dos décadas.

La propuesta centraliza el control estatal y establece mecanismos de fiscalización mucho más rígidos que los previstos en la normativa previa, encendiendo el debate sobre la sostenibilidad del sistema y la protección de los sectores más vulnerables.

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Nueva Ley de Discapacidad: empadronamiento obligatorio y auditorías de la Secretaría de Discapacidad

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El corazón del proyecto oficialista radica en un control exhaustivo de los beneficiarios actuales. La Secretaría de Discapacidad quedaría facultada para exigir un reempadronamiento obligatorio que deberá completarse en un plazo de 90 días (prorrogables por otros 30).

Aquellos titulares que no actualicen su información personal, socioeconómica y médica ante la Secretaría de Discapacidad sufrirán la suspensión automática del beneficio.

Para evitar irregularidades, se establece un sistema de auditorías periódicas que incluirá el cruce de datos masivo entre la Secretaría de Discapacidad, ANSES, ARCA y el SINTyS. Este mecanismo de fiscalización permitirá a la autoridad de aplicación dictar suspensiones preventivas ante la detección de cualquier inconsistencia documental o patrimonial que no encuadre en los nuevos requisitos de invalidez laboral.

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Nueva Ley de Discapacidad: incompatibilidad laboral y cambios en los haberes según la Secretaría de Discapacidad

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Uno de los puntos más polémicos de la reforma es la modificación del criterio de compatibilidad con el empleo. Mientras que la normativa anterior permitía que un beneficiario trabajara formalmente siempre que no superara los dos salarios mínimos, el nuevo proyecto de la Secretaría de Discapacidad declara la incompatibilidad total de la pensión con cualquier vínculo laboral formal. Esto significa que acceder a un empleo registrado implicaría la baja inmediata de la asistencia estatal.

Asimismo, la Secretaría de Discapacidad ratifica que el monto de la pensión equivaldrá al 70% de la jubilación mínima, pero elimina facultades discrecionales que permitían aplicar aumentos adicionales por zona geográfica desfavorable o grados específicos de invalidez.

Con esta medida, el Gobierno busca estandarizar el gasto público y eliminar lo que considera distorsiones territoriales en la liquidación de haberes.

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Nueva Ley de Discapacidad: el nuevo esquema de financiamiento de la Secretaría de Discapacidad y Salud Mental

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El proyecto también redefine cómo se costean las prestaciones. Se elimina el artículo que obligaba a actualizar los aranceles médicos de acuerdo a la movilidad jubilatoria, otorgando mayor discrecionalidad al Ministerio de Salud para asignar partidas según disponibilidad del Tesoro.

La Secretaría de Discapacidad argumenta que la universalidad de la ley no debe implicar «homogeneidad de aranceles», sino un piso mínimo de calidad prestacional adaptado a cada jurisdicción.

Finalmente, la iniciativa ingresó acompañada por una reforma a la Ley de Salud Mental, que busca ampliar las facultades de intervención en prevención y rehabilitación.

Ambas reformas marcan un cambio de paradigma en la gestión de la Secretaría de Discapacidad, priorizando la sostenibilidad fiscal y la lucha contra presuntos fraudes por encima de la expansión de beneficios que caracterizó a las administraciones anteriores.