Cambios en pasajes gratuitos: qué implica la nueva medida de Transporte para personas con discapacidad

A partir de junio 2026, el escenario regulatorio del transporte automotor de larga distancia en Argentina presenta una modificación clave. A través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó la eliminación del régimen de compensaciones económicas que el Estado otorgaba a las empresas de micros por la emisión de boletos gratuitos. La medida impacta directamente en el flujo financiero del sector, pero desde los organismos oficiales aclaran que el derecho de los usuarios permanece inalterado.

A pesar de la quita del auxilio financiero estatal, las leyes de protección social garantizan que el beneficio de los pasajes para personas con discapacidad sigue siendo obligatorio y exigible ante las compañías de transporte.

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El fin de las compensaciones estatales por los pasajes para personas con discapacidad

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El argumento del Poder Ejecutivo para discontinuar el Régimen de Compensaciones Tarifarias al Transporte Automotor de Pasajeros de Larga Distancia (RCLD), que impacta en la acción de las empresas, radica en el proceso de desregulación y la instauración de la libertad tarifaria.

Según el texto de la normativa oficial, la capacidad de las empresas para fijar precios libremente les permite «internalizar» los costos operativos de las obligaciones legales de gratuidad, volviendo innecesaria la asistencia del Estado.

Esta disposición técnica deroga los esquemas previos de subsidios, que cubrían los traslados contemplados bajo las leyes de protección integral. No obstante, las cámaras empresarias del sector deberán absorber estos costos dentro de su estructura de negocios, sin que esto altere el derecho a viajar sin cargo de los beneficiarios.

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Quiénes mantienen el derecho a los pasajes para personas con discapacidad y salud

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La nueva resolución modifica la fuente de financiamiento, pero no el marco estatutario que protege a los usuarios vulnerables. El derecho a la gratuidad del boleto de larga distancia en todo el territorio nacional sigue vigente para los siguientes grupos:

• Personas bajo el amparo de la Ley N°22.431 (Sistema de protección integral de los discapacitados).
• Pacientes trasplantados o en lista de espera, amparados por la Ley N°26.928.
• Menores bajo tratamiento oncológico, protegidos por la Ley N°27.674.

El beneficio incluye también el traslado gratuito de un acompañante, en caso de que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) o la documentación médica correspondiente así lo acredite expresamente.

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Cómo reservar los pasajes para personas con discapacidad en micros de larga distancia

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La fiscalización del cumplimiento del servicio continúa bajo la órbita de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el organismo oficial encargado de garantizar que las empresas dispongan los cupos obligatorios por coche.

Para gestionar las reservas vigentes bajo el nuevo esquema normativo, los usuarios deben contemplar los canales habituales habilitados por el Estado:

• Vía digital: la reserva debe tramitarse ingresando al Sistema Web de Reserva de Pasajes de la CNRT, con el DNI y el número de CUD o credencial correspondiente. El sistema valida la vigencia en la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) de forma automática. La antelación mínima requerida es de 48 horas antes de la salida del servicio.
• Vía presencial: los beneficiarios o sus representantes legales pueden presentarse en las boleterías de las empresas de transporte con el documento de identidad original y el certificado de discapacidad, en formato físico o digital (a través de la app Mi Argentina), al menos 48 horas antes del viaje.
  Para las personas con credencial de INCUCAI, la normativa permite solicitar el pasaje el mismo día de la salida del micro, sujeto a disponibilidad de plazas.

Ante cualquier irregularidad o negativa por parte de las firmas transportistas, la CNRT mantiene activos sus canales de denuncia telefónicos e interactivos para proceder con las sanciones estipuladas por la ley comercial de transporte.