Los candidatos de Figueroa al Tribunal de Cuentas se metieron en el debate por las declaraciones juradas
La oposición en la Legislatura impulsa un proyecto de ley para que la información sobre el patrimonio de los funcionarios de Neuquén deje de ser secreta. Los diputados aprovecharon la entrevista a los postulantes para consultarlos sobre el tema.
De Vega es oriundo de Chos Malal. Fue candidato a intendente por el MPN en 2023 y perdió contra Albarracín. Foto Florencia Salto.
Los candidatos propuestos por el gobernador Rolando Figueroa para ocupar las dos vocalías en el Tribunal de Cuentas de Neuquén se mostraron a favor de que se reforme la ley de declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos, vigente desde 1958.
Esta es una propuesta de la oposición, cuyo tratamiento el oficialismo viene frenando.
«Se tiene que avanzar con una ley moderna, pero también que sea más exigente a todos los funcionarios. Así cubre todo el paraguas de la administración pública», contestó Diego De Vega, uno de los postulantes ante la pregunta del diputado del MPN, Claudio Domínguez.
Tanto él como Juan Carlos Pintado fueron entrevistados ayer en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura, como paso previo a que se voten sus designaciones en el recinto. Los pliegos de ambos fueron habilitados para su tratamiento por mayoría, con la única oposición del diputado del PTS-FIT, Andrés Blanco.
La ley 5 establece que el gobernador y sus ministros, legisladores, juezas y jueces e incluso los miembros del Tribunal de Cuentas están obligados a presentar su declaración de bienes (origen, costo, renta, deudas o gravámenes), el de su cónyuge, hijos e hijas ante la Escribanía de Gobierno cuando asumen el puesto. Esta información es secreta y permanece guardada en un sobre cerrado, lacrado y firmado.
Los datos no sólo no son públicos, sino que tampoco se puede evaluar la evolución patrimonial. Hay cargos, por ejemplo el de un fiscal, que no tiene mandato de vencimiento como sí ocurre con un legislador, con lo cual el control es aún más limitado.
«Uno cuando es funcionario público lo hace por elección, hay que transparentar la información y ponerla en público conocimiento», agregó De Vega.
El contador, de 43 años, compitió para ser intendente de Chos Malal, la ciudad de la que es oriundo, en 2023. Contó en la comisión que Hugo Gutiérrez y Marcos Koopmann, del MPN, le ofrecieron la candidatura. «Me pareció interesante», afirmó. Aunque, dijo, le «tocó perder la elección» frente al actual jefe comunal Nicolás Albarracín de Comunidad. Aseguró que desde 2024 se «abocó a su estudio contable» y actualmente se encontraba asesorando al municipio de Las Ovejas.
«Necesita una actualización»
Pintado ya ejerció como vocal del organismo entre 1999 y 2005. Fue director de Rentas, prosecretario administrativo de la Legislatura durante la gestión de Figueroa, trabajó en los ministerios de Salud, Infraestructura y Desarrollo Humano y actualmente se desempeña en la Dirección de Gobiernos Locales. Es contador y abogado.
Sobre la reforma de la ley 5 fue un tanto más cauteloso. Dijo que varios funcionarios le pidieron ayuda cuando les tocó llenar el formulario con su declaración y llevarlo a la Escribanía.
«Sinceramente es una ley media básica, en el sentido de que la información que se pide podría ser importante cuando hicieron la ley. En ese momento era importante, con esos datos alcanzaba, hoy creo que esa ley seguramente necesita una actualización«, señaló.
Mostró cierto reparo a que la información sea pública, «pero tiene que ser más completa, seguramente».
Pese a su amplio recorrido en la administración provincial, Pintado presentó su declaración jurada patrimonial el 31 de enero de 2025, según el listado que publicó el ministerio de Gobierno con los registros desde 1991.
El Tribunal de Cuentas está integrado actualmente por Juan Carlos Dirr (presidente) y dos vocales: Marcelo Raimondo y Ana Esteves. Cobran un salario equivalente al de un juez de primera instancia.
Los candidatos propuestos por el gobernador Rolando Figueroa para ocupar las dos vocalías en el Tribunal de Cuentas de Neuquén se mostraron a favor de que se reforme la ley de declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos, vigente desde 1958.
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