El Gobierno avanza con la eliminación del “decreto Chevron”: buscan su reforma bajo el RIGI
El Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que busca reordenar los incentivos al sector hidrocarburífero bajo el RIGI y eliminar regímenes previos que promovieron inversiones en Vaca Muerta.
El Gobierno nacional presentó ante el Congreso un proyecto de ley con medidas orientadas al sector energético, retomando parte de los lineamientos que habían sido excluidos del Presupuesto 2026 durante las negociaciones legislativas.
Entre los puntos centrales, la administración de Javier Milei propone derogar decretos y modificaciones legales que en su momento incentivaron inversiones en Vaca Muerta, en un contexto económico donde las restricciones cambiarias y la incertidumbre jurídica dificultaban el desarrollo de grandes proyectos.
La iniciativa fue elevada con la firma del Presidente, el jefe de Gabinete y el ministro de Economía, Luis Caputo, y argumenta que, si bien estas herramientas fueron útiles en su momento, hoy implican beneficios que el Estado no está en condiciones de sostener, según consignó Clarín,.
El oficialismo sostiene que el nuevo marco regulatorio, especialmente tras la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), ya ofrece condiciones suficientes para atraer capitales al sector energético, incluyendo garantías de estabilidad jurídica y acceso a divisas.
Dentro de las normas que se busca dejar sin efecto aparece el decreto 929/2013, impulsado durante el gobierno de Cristina Kirchner y conocido como “decreto Chevron”, en referencia a la petrolera Chevron, que se asoció con YPF para desarrollar el yacimiento Loma Campana. Este esquema permitió inversiones acumuladas cercanas a los 10.000 millones de dólares.
También se incluyen en la derogación los artículos 19 a 22 de la Ley 27.007, que ampliaron esos beneficios, y el decreto 277/2022, que facilitó el acceso a divisas para la producción incremental de petróleo y gas.
El régimen de 2013 establecía, entre otras ventajas, la posibilidad de exportar libremente el 20% de la producción sin retenciones para proyectos con inversiones superiores a los US$ 1.000 millones en cinco años. Aunque fue cuestionado en su momento, contribuyó al desembarco de empresas como Petronas, Shell y Equinor.
Con el paso del tiempo, algunos de esos actores redujeron su presencia en el país, en un escenario cambiante para la industria energética local.
El proyecto oficial prevé que, en caso de aprobarse, los regímenes actuales queden sin efecto, aunque quienes ya estaban alcanzados por el decreto 929/2013 conservarán el beneficio de exportación sin retenciones.
Además, la iniciativa incluye otros puntos, como la reducción de subsidios a las zonas frías ampliadas en 2021, un esquema de compensación de deudas con Edenor y Edesur, y la extensión de incentivos para energías renovables, que contemplan estabilidad fiscal por dos décadas.
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