Ley de biocombustibles: CEPREB se opuso al nuevo proyecto y planteó una alternativa para el reparto del corte obligatorio

La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) expresó su preocupación por el proyecto que se discutirá en el Senado, que propone elevar el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10%, en reemplazo de la actual ley de biocombustibles sancionada en 2021. En un comunicado, afirmó que para el sector la iniciativa no es una reforma, sino «una sentencia de cierre de 25 plantas del interior y de los 10.000 empleos, directos e indirectos, que dependen de ellas».

En su lugar, la cámara presentó una propuesta alternativa con el objetivo de garantizar que el aumento del corte obligatorio se «traduzca en más producción federal y no en una redistribución del mercado hacia los actores de mayor escala». Remarcó que no se opone a que se sancione una nueva ley, a que suba el corte obligatorio, ni a que ingresen nuevos actores como las aceiteras.

En ese sentido, propuso que se lleve el corte obligatorio al 12,5%, más alto que el 10% que dicta el proyecto oficial. El corte se distribuiría en un 5% para las 17 plantas pyme regionales, 2,5% para las 8 compañías no integradas y 5% para las aceiteras.

De esta manera, aseguró que se puede dar lugar a todos los eslabones «sin sacrificar a ninguno», ya que las plantas regionales compran su materia prima, aceite de soja, a las mismas empresas con las que después va a competir por el mercado del biodiesel.

«La discusión no es contra nadie. Es a favor de que la ley respete la inversión de las 25 pymes del interior del país y los 10.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, que están en riesgo. El resultado de una buena ley lo define la escala, y ahí las plantas regionales pyme no tienen forma de competir con las plantas no integradas y con las aceiteras, que son las productoras de la materia prima: el aceite», señalaron desde CEPREB.

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Qué es lo que está en juego según la CEPREB

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Se recordó por otra parte que, detrás de las 25 plantas mencionadas, existe una cadena de valor que empieza en la producción agrícola, debido a que las pymes de biodiesel se abastecen de aproximadamente 400 extrusoras que les proveen aceite, agregando valor en cada eslabón antes de llegar al producto final. Esto consolidó una cadena que generó arraigo, empleo calificado y desarrollo en el interior del país durante años.

Se señaló además que el criterio que el sector reclama ya está contemplado en el propio proyecto oficial: la ley establece porcentajes de corte diferenciados para proteger al bioetanol de caña de azúcar del norte argentino frente al bioetanol de maíz, en reconocimiento de su impacto socioeconómico y territorial. «Si el criterio federal sirve para los ingenios, sirve también para las plantas regionales de biodiesel. Es el mismo problema y la misma solución», plantearon desde el sector.

Desde la cámara se precisó las plantas distribuidas en distintas provincias del país producen 900.000 toneladas anuales para cubrir el corte del 7,5%, dividiéndose de la siguiente manera: 360.000 toneladas en Santa Fe; 355.000 en Buenos Aires; 85.000 en La Pampa; 55.000 en Entre Ríos; y 45.000 en San Luis. Cada unidad productivas está diseñada para hasta 50 mil toneladas por año.

De aceptar la propuesta de la CAPREB y elevar el corte al 12,5%, se sumarían 600.000 toneladas nuevas de demanda, y si bien Santa Fe sería la provincia más beneficiada de ese crecimiento -ya que ahí están radicadas las principales plantas no integradas- «no representa un problema en sí mismo». De acuerdo al documento, el beneficio de su propuesta surgiría del aumento del corte en lugar de «quitarle producción a las pymes de otras provincias».

En contraste, se indicó que el proyecto oficial «no garantiza esa frontera entre lo nuevo y lo existente». Al habilitar el co-procesamiento y no fijar un reparto explícito, se advirtió que nada impide a que las compañías no integradas y las aceiteras —concentradas en Santa Fe— absorban también parte de la producción que hoy sostienen las pymes de las demás provincias, además de quedarse con el crecimiento nuevo.

«Que Santa Fe crezca por el aumento del corte es una cosa; que crezca corriendo a las pymes de las demás provincias es otra, y es exactamente lo que el reparto explícito busca evitar», añadió la cámara. Esa pérdida, de ocurrir, no sería solo económica: implicaría riesgo de despidos y, en las localidades donde estas plantas son uno de los principales empleadores, riesgo de desarraigo de la población.

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La exigencia de «reglas claras» para el sector

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Desde el punto de vista normativo, se remarcó que los porcentajes de corte no son una concesión discrecional, sino el resultado de un mecanismo reglado, ya que se otorgan a quien acredita el cumplimiento de los requisitos de inversión previstos por la normativa, con independencia de la escala o la estructura societaria de cada empresa. Ese fue el criterio con el que se construyó el mapa productivo actual del biodiesel, y es el mismo criterio que el sector pide que se sostenga hacia adelante: «reglas claras, conocidas de antemano, aplicadas por igual a quien decida invertir».

En esa línea, la CEPREB aseveró que no busca bloquear una nueva ley, sino que exige que la misma se construya con previsibilidad. «La Ley 27.640 estableció ese marco: a quien invirtiera bajo sus condiciones se le garantizaba un porcentaje de corte y un período de recupero», indicó. Por ese motivo advirtió que modificar esa lógica «no es un buen mensaje para quien evalúa invertir en el país, y pone en riesgo los empleos que se generaron».

A modo de cierre, el comunicado afirmó que las pymes manifiestan su voluntad de participar del debate parlamentario y aportar la propuesta técnica de reparto como base de trabajo, «con la expectativa de que los legisladores que definan esta ley dimensionen sus consecuencias reales antes de sancionarla, en un contexto donde ya hay empresas cerrando y desempleo en aumento».