ARA San Juan: la querella pidió la pena máxima para los cuatro acusados y apuntó a una “cadena de decisiones” que derivó en la tragedia
Las representantes de una de las querellas integradas por familiares de las víctimas, sostuvieron que el naufragio no fue consecuencia de un hecho imprevisible.
Con fuertes críticas a la conducción de la Armada y un pedido de condena para los cuatro imputados, comenzó este martes la etapa de alegatos en el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017 y que provocó la muerte de sus 44 tripulantes.
Durante la audiencia realizada en Río Gallegos, las abogadas Lorena Arias y Valeria Carreras, representantes de una de las querellas integradas por familiares de las víctimas, sostuvieron que el naufragio no fue consecuencia de un hecho imprevisible, sino el resultado de una sucesión de decisiones, omisiones y fallas dentro de la estructura de mando naval.
“Este juicio trata sobre una estructura de mando que continuó operando un buque degradado. Trata de quienes debían evitar ese riesgo y no lo hicieron”, expresó Arias al iniciar su exposición ante el Tribunal Oral Federal.
“No fue el mar el que los hundió”
La querella coincidió en líneas generales con la acusación presentada por la fiscalía y aseguró que el submarino acumulaba problemas técnicos y advertencias que eran conocidas por los responsables operativos.
Según plantearon, el ARA San Juan permaneció 44 meses sin ingresar a dique seco para tareas de mantenimiento profundo y continuó navegando pese al deterioro progresivo de sus condiciones operativas.
“El ARA San Juan no se perdió por un único evento súbito, aislado o imprevisible. Fue un proceso progresivo de degradación de material, flexibilización de controles y normalización institucional del riesgo”, sostuvo Arias.
En uno de los pasajes más contundentes de la audiencia, la abogada afirmó:
Pedido de cinco años de prisión
Al finalizar la exposición, la querella solicitó la pena máxima prevista para el delito más grave atribuido a los acusados: cinco años de prisión efectiva, diez años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y el pago de costas judiciales.
Los imputados son:
- Luis Enrique López Mazzeo.
- Claudio Villamide.
- Héctor Alonso.
- Hugo Correa.
La acusación los considera responsables de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de personas.
La querella también remarcó que resulta imposible reconstruir con precisión qué ocurrió dentro del submarino durante los instantes finales de navegación, aunque sostuvo que ello no modifica las responsabilidades de los acusados.
“La defensa intentará decir que no se pudo probar qué pasó en el último momento. Eso es jurídicamente irrelevante. Basta con saber que la suma de fallas acumuladas hacía que el resultado fuera objetivamente previsible”, argumentó Arias.
La audiencia continuó con la exposición de la segunda querella, encabezada por Luis Tagliapietra, mientras que el juicio avanza hacia su etapa decisiva luego de más de treinta audiencias en las que declararon testigos, especialistas y exintegrantes de la Armada.
El proceso busca determinar las responsabilidades penales por una de las mayores tragedias de la historia reciente de las Fuerzas Armadas argentinas, que terminó con la pérdida del submarino y la muerte de sus 44 tripulantes en aguas del Atlántico Sur.
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