Causa AFA: allanaron otro country y descubrieron una casa «escondida» a nombre de los presuntos testaferros de Chiqui Tapia

La investigación sobre el patrimonio oculto de la cúpula de la AFA se expandió este jueves con un nuevo operativo de la Policía Federal. Por orden del juez Daniel Rafecas, se allanaron dos lotes en el exclusivo barrio cerrado Ayres Plaza, en Pilar, donde la Justicia sospecha que se esconden más activos vinculados a Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino. 

Según publicó Noticias Argentinas (NA), el procedimiento tuvo una sorpresa: aunque en los papeles los terrenos figuraban como «a construir», los efectivos se encontraron con «una propiedad de grandes dimensiones» ya edificada. 

Los dueños: del IFE a los countries 

Lo que enciende las alertas de lavado de dinero es la titularidad de estos nuevos lotes. Pertenecen a «Real Central SRL», la misma empresa dueña de la famosa mansión con helipuerto y de una flota de autos de colección. 

El perfil fiscal de los dueños de esta sociedad es el corazón de la denuncia de la Coalición Cívica, ya que no podrían justificar ese nivel de ingresos.

• Ana Lucía Conte: Es jubilada. Hasta 2012 fue monotributista y en 2020 llegó a cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de ANSES por la pandemia. 

• Luciano Pantano (hijo): Registrado como monotributista y con deudas bancarias, pero con vínculos directos con el fútbol: fue dirigente de Futsal y protesorero del Club Almirante Brown. 

El mapa del «imperio» investigado 

Con el allanamiento de hoy, la Justicia empieza a reconstruir un patrimonio millonario que estaría a nombre de estos presuntos testaferros: 

1. La mansión: Un predio de 10 hectáreas con helipuerto y haras, comprada a una empresa (Malte SRL) que fue proveedora del VAR en la AFA por US$ 500.000. 

2. La flota: Al menos 59 vehículos a nombre de la empresa, incluyendo autos de alta gama y colección. 

3. Ayres Plaza: Los dos nuevos lotes allanados hoy. 

Ante el riesgo de vaciamiento denunciado por Elisa Carrió, el juez Rafecas mantiene la prohibición de salida del país para los acusados, la inhibición de bienes y una consigna policial permanente en los accesos de las propiedades.