Cómo se aplicará el nuevo Régimen Penal Juvenil en Neuquén
El Gobierno, el TSJ y otros organismos trabajan en la implementación de la norma. Se deberán adecuar instituciones.
Con la vigencia de la nueva ley de punibilidad a partir de los 14 años, en Neuquén el área de Gobierno y Justicia del ministerio de Justicia trabajó con representantes del TSJ y estamentos de Familia, de la Defensoría de los derechos del niño, niña y adolescencias y la fiscalía penal juvenil, en un proyecto con el objetivo de presentarlo en la Legislatura.
Se trataría de una adecuación, que incluiría la infraestructura para el alojamiento de las adolescencias de 14 a 18 años, en una institución especializada diferente a los penales donde están los condenados mayores de 18. La iniciativa se abordó en reuniones interpoderes o intersectoriales que se realizaron en la Legislatura, Casa de Gobierno y en sede judicial.
En Neuquén no hay una institución especializada para la reclusión de adolescentes. Está el hogar Hue Lihue, como lugar para el arresto excepcional por 30 días. Desde el Ejecutivo se prefirió no dar a conocer el proyecto hasta que esté concluido, se indicó. En el ámbito judicial, Río Negro consultó a operadoras del sistema, para conocer cómo abordarán desde ahora la aplicación del nuevo régimen penal juvenil.
Carolina García, jueza: «Hay que compatibilizar la ley»
“En este momento aplicamos la ley nacional y hay que compatibilizarla con el régimen local. Hay cuestiones que son de fondo y están reservadas al Estado Nacional y cuestiones procesales que corresponden a las provincias», dijo la juez Penal del niño, niña y adolescentes Carolina García.
P: ¿Se necesita sancionar una ley para compatibilizar la ley 2302 (sistema de protección integral de los derechos del niño, niña y adolescente) de Neuquén con este nuevo régimen?
R: “ La 2302, que en su momento fue una ley de avanzada porque consagró casi literalmente la Convención de los Derechos del Niño, procesalmente ha quedado sumamente desactualizada, es una oportunidad para compatibilizarla con la ley nacional. Hay un proyecto en el que se está trabajando. El Tribunal Superior de Justicia dispuso que se colaborara en esto con el ministerio de Justicia de la provincia de Neuquén y en definitiva serán los diputados provinciales los que van a tener a su cargo la sanción de la ley y que corresponden a la política criminal del Estado provincial, esto lo determina la Legislatura».
P: Y mientras se cumple con este proceso, cómo se desempeñarán ante la vigencia de la nueva ley?
R: “La 2302 contemplaba el arresto excepcional por 30 días que se puede prorrogar por 30 más. Esa es una posibilidad. Aplicaremos lo que tenemos y las instituciones que tenemos: hay un hogar donde se aloja a los menores infractores que es el de arresto excepcional Hue Lihue, que tiene capacidad. La ley determinó la responsabilidad penal a partir de los 14; si se crean más dispositivos, dependerá de la sanción de la ley, hoy por hoy para empezar a aplicar la ley, tenemos instituciones funcionando. Es un hogar, no es una institución carcelaria, porque el lugar de encierro de un menor no es el mismo que el de una persona adulta que comete delitos, ni es un lugar tutelar, donde están los niños con vulnerabilidades familiares. El objetivo de esta nueva ley vigente es el que establece la Convención de los Derechos del Niño, es la reinserción social, que se alejen del camino del delito; también establece la responsabilidad de los padres, responsabilidad civil de los niños que comentan delitos penales”.
“Si un chico rompe un vidrio, es delito de daño, si lastima a alguien, es de lesiones, si amenaza a alguien por Whatsapp, es de amenazas: todos esos delitos son punibles con la nueva ley, van a tener consecuencias privadas. Y los padres de esos chicos van a tener que responder económicamente por los daños que causan sus hijos”, explicó la magistrada quien señaló que “es la ley vigente y hay que aplicarla, no se puede prorrogar su entrada en vigencia”.
“En las reuniones que se llevaron a cabo en la Legislatura, organizadas por el Poder Ejecutivo a través del ministro Jorge Tobares y el Tribunal Superior de Justicia, donde nosotros ya terminamos nuestra participación, hicimos aportes, hubo cosas que se acordaron y otras no; van a ser los diputados de la provincia los que tengan que definir estos temas”.
La Defensa pública trabaja en la ampliación de la responsabilidad penal
“Desde el ministerio público de la Defensa comenzamos a trabajar en marzo con la ampliación de la responsabilidad penal entre los 14 y 18 años. El cómo ya está establecido en la ley 2302, es nuestro eje, este es el sistema penal aplicable para todo adolescente punible en la provincia de Neuquén. Trabajamos en la defensa pública y en la defensa penal juvenil”, explicó la defensora de niños, niñas y adolescentes Paula Castro Liplak.
Informó que está en vigencia desde el 1 de septiembre, una resolución de la Defensora donde se indicó que son los defensores penales con especialidad los habilitados para intervenir en los procesos penales que se den a partir del 5 de septiembre.
“La nueva ley habla de los asesores tutelares y nuestra ley 2302, que es de vanguardia, ya incorporó las Defensorías de los Derechos del Niño. Vamos a trabajar dentro del sistema de protección integral en este nuevo sistema penal”, dijo.
Castro Liplak agregó que “nuestra base es la 2302 que es el sistema que tenemos contemplado para los adolescentes punibles. Está establecido en el capítulo de la justicia penal desde 1999, obviamente que hay que robustecerlo, porque la complejidad es mayor, donde la privación de la libertad sigue siendo la última opción en el sistema y para eso está la obligación de los operadores de buscar intervenciones alternativas a la judicalización. En la región del Pehuen nos hemos reunido con Cutral Co y San Martín de los Andes. Creo que la realidad de Neuquén es distinta a la que puede ser la provincia de Buenos Aires o Rosario”.
Sostuvo que la ley 2302 “armoniza con la ley nacional en que ambas están fundadas en la convención de los derechos del niño. Esa es la mirada. El interés superior de las infancias y adolescencias y lo que establece garantizar la educación, asegurar trayectorias escolares, todos estos abordajes en función de la protección porque son personas en desarrollo, eso no se desdibuja con la ley nacional. También en aquellos casos donde la víctima sea una persona menor de dieciocho años, y el autor sea una persona menor de dieciocho años”.
P: En los casos de intervención por la vigencia del nuevo régimen?
R: “Los defensores penales técnicos que están en la región Confluencia van a actuar con cada una de las defensoras de los derechos de niño y defensores del lugar donde esté este adolescente que se le impute un delito. Y ahí haremos los planteos con esta mirada de derechos ante los jueces de garantías, o trabajaremos con la fiscalía. Para la fiscalía sigue rigiendo el criterio de oportunidad y la 2302 establece la suspensión del juicio a prueba, conforme a la complejidad del delito. La ley nos obliga a este abordaje integral y trabajaremos con el defensor penal en la defensa técnica acompañando por las defensorías de los derechos del niño que trabajamos en todo lo que tiene que ver con el sistema de protección: promover intervenciones alternativas a la judicialización, trabajando de manera interdisciplinaria, intersectorial, con un enfoque restaurativo para que se puedan garantizar derechos en el interés superior de las infancias”.
Agregó que se habló de esta situación con el Ejecutivo. “Las adolescencias son personas en desarrollo entonces hay que diferenciarlas del sistema penal adulto y sobre todo en los abordajes. Esto lo hemos hablado con el Poder Ejecutivo; ver la importancia de la educación, la resocialización, la implementación de programas y dispositivos para las adolescencias. Tenemos el rol de exigir el cumplimiento de estas políticas públicas dentro del sistema de protección, que se cumplan las trayectorias escolares. Con espacios de atención sicológica, fortalecimientos económicos y familiares porque acá hay una responsabilidad de la familia, de ambos progenitores cuando se comete un ilícito. Ante esta coyuntura, lo que hay que hacer es fortalecer todas las áreas de trabajo para las adolescencias”.
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