Detuvieron a un exgobernador argentino: la Justicia confirmó que deberá cumplir ocho años de prisión por corrupción
La ejecución de la pena se confirmó luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el último recurso presentado por sus abogados defensores, quienes catalogaron la prisión como un lugar "peligroso para su salud".
El exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, fue detenido este viernes por la noche en su residencia de Concordia para ser trasladado a la Unidad Penal N°1 de Paraná, donde comenzará a cumplir su condena por delitos contra la administración pública.
La medida se ejecutó luego de que la Justicia rechazara una serie de planteos de la defensa que buscaban frenar el encarcelamiento y solicitar la prisión domiciliaria por motivos de salud.
La orden de detención fue dispuesta por el Tribunal de Juicio que lo condenó en abril de 2022 y alcanzó también a otros dos implicados en la misma causa. Se trata de su cuñado, Juan Pablo Aguilera, y de Pedro Báez, exministro de Comunicación de la provincia durante su gestión.
Ambos exfuncionarios recibieron una pena de seis años y medio de prisión en el marco de la investigación por corrupción y negociación incompatible con la función pública. Al igual que con el exmandatario provincial, las autoridades judiciales resolvieron que ambos cumplan de manera inmediata su pena en el establecimiento penitenciario de la capital entrerriana.
Cómo fue el traslado del exgobernador a la unidad penal
El operativo policial para efectivizar el arresto del exgobernador se llevó a cabo durante la noche en su domicilio particular en la localidad de Concordia. Posteriormente, los efectivos iniciaron el traslado hacia la Unidad Penal de Paraná, ubicada a unos 280 kilómetros de distancia.
El viaje se vio demorado por el estado de transitabilidad de la Ruta Nacional 18, lo que derivó en que el vehículo policial arribara al penal durante las primeras horas de la madrugada. De esta forma, el exjefe del Ejecutivo provincial quedó alojado en la UP1 tras completarse los trámites correspondientes.
Urribarri había recibido una condena a ocho años de prisión al considerarlo responsable de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado. La ejecución de la pena se confirmó luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el último recurso presentado por sus abogados defensores para revertir el fallo.
La defensa de Urribarri calificó la cárcel común como «un peligro para su vida»
Previo al traslado, la defensa del exgobernador presentó una solicitud de último momento para evitar el ingreso a la celda y obtener el beneficio de la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico. El planteo ponía el foco en la necesidad de resguardar el estado de salud mental e integridad psicofísica del condenado.
De acuerdo con las certificaciones médicas acompañadas por los letrados, se argumentó que el exmandatario se encontraba «bajo tratamiento psiquiátrico por un cuadro de estrés postraumático severo». Bajo esos términos, la representación legal sostuvo que la cárcel común representaría «un peligro para su vida».
El ministerio Público Fiscal se opuso enfáticamente al pedido argumentando razones procesales y formales. Los fiscales sostuvieron que, con una condena firme, la prisión domiciliaria deja de ser una medida preventiva y pasa a ser una modalidad de ejecución que debe ser analizada por el Juez de Ejecución de Penas.
Finalmente, los jueces del Tribunal coincidieron con el planteo fiscal y declararon improcedente la solicitud de la defensa. No obstante, dispusieron que las autoridades sanitarias del penal realicen revisiones médicas periódicas para garantizar la continuidad de sus tratamientos médicos y eventuales traslados hospitalarios si fuesen requeridos.
Con información de Infobae.
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